El Poder Judicial de Neuquén, uno de los tres que conforman el Estado, está virtualmente en quiebra. Tiene un déficit sostenido, y la proyección que de sus propias evaluaciones se desprende, es una tendencia hacia un déficit mayor, para lo que se estima, como única solución aparente, recibir más dinero extra (por encima de lo presupuestado) como aporte del Poder Ejecutivo. Así se pudo constatar a partir de un informe de la Administración General de la Justicia, que llegó al escritorio de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y que publicó el periodista Guillermo Berto, en el diario Río Negro.
Lo peor del informe, que corresponde a la autoría de la administradora general del Poder Judicial, Karina Reina, es que se registró en la medición interanual un crecimiento de gastos corrientes de 82 por ciento. Los gastos corrientes son, fundamentalmente, sueldos. Los judiciales no han hecho ningún ahorro por ese lado, todo lo contrario. Tienen actualización por IPC y algo más, que se ofrece siempre con extrema generosidad, como si el dinero sobrase, cuando es, precisamente, todo lo contrario.
Desde casi siempre, el Poder Judicial presenta un presupuesto con un déficit real, porque sus ingresos, que dependen de la coparticipación y recaudación propia, son menores que sus gastos. Así, la proclamada independencia de la Justicia neuquina, respecto, fundamentalmente, del Ejecutivo, es una especie de impostura retórica. La realidad es que los jueces le tienen que pedir plata todo el tiempo al gobernador. Es como la "independencia" de los hijos en una familia, antes de llegar a la mayoría de edad y la etapa en que pueden ganar plata por su cuenta. Los jueces se encierran en su cuarto y piden no ser molestados, cuelgan cartelitos altisonantes pregonando una irrestricta autonomía, pero, al final, queda bajo sospecha que esa actitud se corresponda con una posibilidad cierta de obrar con auténtica independencia.
Según el informe de Reina, el resultado financiero del primer semestre de este año fue deficitario en 33.994 millones de pesos. Ese déficit golpea directamente las cuentas del Instituto de Seguridad Social (ISSN), con el que la Justicia tiene una deuda cada vez más abultada.
Así, hay una discusión acerca del rol del Estado que no podrá eludirse en Neuquén. Sobre todo, porque el Ejecutivo ha plantado una consigna, basada en la eficiencia, en el control del gasto, que es una consigna para todo el Estado, no solo para uno de los tres poderes. La Justicia, separada formalmente del Ejecutivo en función de la división republicana que fija la Constitución, brinda un servicio de importancia clave para la ciudadanía. Debería hacerlo con plena consciencia de cómo y para qué se usa la plata. Al menos, sería necesario que se haga coincidir la realidad con los papeles sobre esa realidad, porque, sino, aumentará esta tendencia hacia lo ficcional que es grave para las instituciones.
