Estamos resignados, un poco cansados ya, nos enfocamos en la salud de nuestros padres, dice Aldo Aigo, hermano de José, asesinado el 7 de marzo de 2012 en el paraje Pilo Lil, cerca de Junín de los Andes. José era policía, y fue baleado y herido de muerte por dos ciudadanos chilenos, Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Alfredo Cortés Torres, cuando el sargento detuvo el automóvil en el que viajaban hacia Chile, en un control que era de rutina y que se transformó en el comienzo de la mayor historia de impunidad que tiene Neuquén en este siglo.
El sargento José Aigo, de etnia mapuche, está enterrado en la propiedad de la familia, a pocos kilómetros de Junín de los Andes, en esas praderas de precordillera que lo vieron correr de chiquito y jugar con sus hermanos. Sus padres viven allí. Este año pasaron la fecha acompañados por los hijos, sin concurrir al acto que recordó al sargento asesinado. Ya no irán a estas ceremonias, que son como una puñalada en el alma pues actualizan una lamentable ineficacia culposa de parte de un Estado que se rasga las vestiduras todo el tiempo presumiendo de presencia y protección.
Salazar Oporto y Cortés Torres siguen sin ser encontrados, se supone que en Chile, aunque en realidad no se sabe con certeza. En 2012, ambos interactuaban con el kirchnerismo en el poder. La historia de aquellos tiempos es turbia, y los años no la han aclarado. Los años pasados son 13. Muchas cosas han pasado, además de los años. El kirchnerismo fue apagándose y resultó derrotado en las últimas elecciones. La líder del sector político, Cristina Fernández, está condenada por la Justicia. En aquel año del asesinato de Aigo era presidente de los argentinos. Su secretario general era el neuquino Oscar Parrilli. El intendente de San Martín de los Andes era Juan Carlos Fernández. Su hijo, Juan Marcos Fernández, conducía el automóvil en el que viajaban los asesinos de Aigo aquel 7 de marzo.
La impunidad deja una sola lección, y no es buena: No hay seguridad posible con crímenes sin pena. En Neuquén esto deberá aprenderse, o, mejor dicho, actualizarse en su mensaje permanente, que la ciudadanía absorbe y evidencia silenciosamente. En este contexto, el caso Aigo es un testimonio inapelable que interpela constantemente a quienes tienen la responsabilidad de conducir la seguridad pública. Puede suceder que maten a otro u otra policía; todos los días alguien mata a alguien. Lo que no puede ocurrir es que los asesinos no paguen su culpa; y que quienes ayudaron a los asesinos sigan con su vida sin haber rendido cuentas ante una sociedad con memoria más empeñosa que lo que muchos poderosos creen.
Hoy en día, con el positivo cambio que implica que la justicia y la policía local tengan libertad y capacidad de acción en la represión de la narco criminalidad, y después que el gobierno de Rolando Figueroa asumiera la emergencia carcelaria y otras cuestiones atinentes a la infraestructura de la seguridad pública provincial, es necesario refrescar esta memoria, esta vergüenza, y, posiblemente, disponer acciones más contundentes respecto de un crimen impune que nos duele a todos.