El escándalo que tuvo como epicentro el departamento de Wanda Nara en el exclusivo Chateau de Núñez sigue generando repercusiones. Luego de un tenso operativo judicial que duró más de diez horas, se conoció la cifra millonaria que costó el despliegue de recursos estatales. Ahora, el Ministerio de Seguridad estudia la posibilidad de reclamarle ese monto a la empresaria.
El conflicto se desató el pasado viernes, cuando Mauro Icardi debía concretar un encuentro con sus hijas como parte de una orden judicial de revinculación. Sin embargo, la situación derivó en un prolongado y complejo procedimiento en el que intervinieron múltiples organismos estatales.
Según informó Yanina Latorre en El Observador, el operativo involucró al Ministerio Público Tutelar, personal del SAME, el Cuerpo Médico Forense, un trabajador social, efectivos policiales y hasta el juez de la causa, que se conectó por Zoom. “Todo eso salió 14 millones de pesos”, aseguró la panelista, y agregó que el Ministerio de Seguridad evalúa trasladar el costo a Wanda Nara.
Mientras tanto, la empresaria se defendió públicamente. Negó haber entorpecido la revinculación entre Icardi y sus hijas y afirmó que colaboró en todo momento con la justicia. No obstante, su versión fue puesta en duda por un testimonio que Yanina Latorre dijo haber recibido de un policía presente en el lugar.
“Le sacaron a las chicas por la fuerza de los brazos y, cuando la iban a detener, fingió un desmayo”, habría relatado el agente a la periodista. Esta declaración generó aún más indignación entre los defensores de Icardi, quien habría sumado nuevos testigos en su favor tras lo ocurrido.
En medio de este escándalo familiar y mediático, Wanda Nara también aseguró que no recibió ninguna denuncia formal. Sin embargo, la tensión crece y los próximos días podrían ser clave para determinar las responsabilidades legales y económicas del caso.
La posibilidad de que se le cobre el costo del operativo abre un debate sobre el uso de recursos públicos en conflictos privados, especialmente cuando los protagonistas son figuras públicas con alto poder adquisitivo.
Además del costo económico, el caso pone en evidencia la complejidad de los litigios familiares que trascienden el ámbito privado y se transforman en espectáculo mediático. La exposición pública, sumada a las filtraciones y versiones cruzadas, dificulta aún más el desarrollo judicial y puede impactar negativamente en los menores involucrados.