Miami, ciudad con más del 70% de población hispana, vive una paradoja migratoria. Por un lado, el alcalde Francis Suárez promueve el programa EB-5 para atraer inversión extranjera que aporte cerca de US$ 1 millón y genere empleos en Estados Unidos. Por otro, la ciudad se ve afectada por redadas migratorias y leyes estatales restrictivas que complican la vida de inmigrantes indocumentados.
El programa EB-5 fue creado en 1990 para fomentar la inversión extranjera y la creación de empleo. A través de esta visa, quienes invierten al menos US$ 1 millón –o US$ 800.000 en zonas rurales o con alto desempleo– pueden obtener residencia legal si generan al menos 10 empleos directos o indirectos. Suárez destacó que esta iniciativa busca ofrecer oportunidades tanto económicas como migratorias.
El fundador del Grupo Habitat, Santiago Vanegas, celebró la posibilidad de convertir Miami en un centro para estas visas, señalando que sus proyectos podrían crear hasta 400 empleos y otorgar 40 visas en sectores como la construcción y la hospitalidad.
No obstante, expertos como Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, advierten sobre la “falta de supervisión efectiva” en el programa. Según él, no siempre se cumplen los empleos prometidos y los inversionistas no tienen obligaciones adicionales tras obtener la residencia, lo que podría facilitar fraudes o exageraciones.
Además, Chishti señala que el programa suele beneficiar a personas con alto poder adquisitivo, lo que puede generar resentimiento local debido al encarecimiento de alquileres y propiedades inmobiliarias. También destaca que muchos millonarios latinoamericanos prefieren evitar la residencia permanente porque implica pagar impuestos sobre ingresos globales en Estados Unidos.
Paralelamente, Florida ha implementado políticas migratorias muy estrictas bajo el gobernador Ron DeSantis. La Ley SB 1718, vigente desde 2023, obliga a empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados, exige a hospitales reportar pacientes indocumentados y prohíbe aceptar licencias de conducir de otros estados para inmigrantes sin documentación legal.
Estas medidas han ido acompañadas de un aumento en las detenciones. El centro Krome North Service Processing en Miami-Dade reportó una población diaria promedio de 909 inmigrantes detenidos al 2 de septiembre de 2025. Además, el polémico centro conocido como “Alligator Alcatraz” ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por condiciones de hacinamiento y maltrato.
La contradicción entre promover un programa para atraer inversionistas latinoamericanos y aplicar políticas migratorias restrictivas genera incertidumbre. Chishti advierte que la falta de apoyo a EB-5 por parte del presidente Donald Trump, quien propone alternativas como una “tarjeta dorada” para inversionistas millonarios sin obligación de crear empleos, complica aún más el futuro de esta visa en Florida.
Así, Miami transita un camino complejo donde las oportunidades de inversión chocan con un entorno migratorio cada vez más hostil, tensionando el equilibrio entre crecimiento económico y derechos de los inmigrantes.
