Tras la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela, el gobierno de Donald Trump reconfiguró de inmediato su estrategia y puso el foco en la administración de los recursos clave del país, especialmente el petróleo y la minería. Con Nicolás Maduro fuera de escena y ya convertido en una imagen política funcional para el discurso interno estadounidense, Washington concentra ahora toda su atención en la dirigente chavista que considera capaz de garantizar gobernabilidad y control del poder.
La Casa Blanca interpreta que Delcy Rodríguez reúne una condición central para avanzar con sus planes: estabilidad interna, aun en un contexto de fuerte debilidad institucional y tensión social. Para Trump, ese factor pesa más que cualquier promesa de apertura democrática. En su lógica geopolítica, una transición ordenada bajo control del chavismo residual resulta más conveniente que un cambio político liderado por la oposición, a la que considera con respaldo popular pero sin llegada real a las Fuerzas Armadas ni a los organismos de seguridad.
El objetivo de fondo es claro: asegurar el manejo de los recursos estratégicos venezolanos y abrir el juego a empresas estadounidenses, sin los límites que impondría un sistema democrático pleno con controles parlamentarios y sociales. En Washington creen que ese esquema puede ejecutarse con mayor rapidez en un escenario de poder concentrado y con menor participación política interna.
Analistas y referentes del periodismo venezolano opositor sostienen que la elección de Delcy Rodríguez no fue improvisada, sino parte de un cálculo frío. Su perfil técnico, su experiencia en el área energética y la ausencia de acusaciones internacionales por narcotráfico o violaciones a los derechos humanos la convierten en una figura aceptable para negociar. Lo mismo ocurre con su hermano, Jorge Rodríguez, una pieza clave del poder legislativo, que también quedó al margen de las sanciones más duras.
Trump no oculta sus exigencias: cortar los envíos de petróleo a Cuba, romper vínculos estratégicos con Rusia, China e Irán y eliminar cualquier nexo con redes de narcotráfico o grupos armados que Washington considera enemigos. A cambio, ofrece una convivencia política que permita sostener al nuevo gobierno y avanzar con negocios energéticos bajo condiciones favorables para Estados Unidos.
Delcy Rodríguez enfrenta ahora un delicado equilibrio. Por un lado, necesita mantener un discurso firme hacia adentro del chavismo y evitar una ruptura con los sectores más radicalizados. Por otro, debe enviar señales concretas de voluntad negociadora a la Casa Blanca para garantizar su supervivencia política. A eso se suma la presión constitucional por los plazos de su mandato y los reclamos de organismos de derechos humanos por una amnistía a presos políticos.
La industria petrolera aparece como el eje de todas las negociaciones. Con la presencia limitada de empresas como Chevron y un sistema productivo deteriorado, el nuevo gobierno deberá redefinir reglas, concesiones y alianzas. En ese terreno, Rodríguez apuesta a ganar tiempo y mostrar pragmatismo, consciente de que su futuro político depende de cómo logre moverse entre dos fuegos: el poder de Trump y las internas del chavismo.
