TAMBIÉN LA APROBÓ EL SENADO
Ya es ley la Emergencia nacional hasta diciembre de 2020
Excepto Lucila Crexell, los senadores neuquinos votaron a favor del proyecto del Ejecutivo.
Por 43 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado de la nación convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación productiva en el marco dela Emergencia Pública, tras un debate de ocho horas. La ley contempla cambios sustanciales en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La declaración de Emergencia será hasta el 31 de diciembre de 2020.
El oficialismo se apoyó en su condición de mayoría y en algunos aliados que lo acompañaron en esta votación y el interbloque opositor Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa en general y votó a favor de algunos capítulos en particular.
Durante el debate, el Frente de Todos justificó la declaración de "emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, tarifaria y social" con críticas a los resultados de la gestión de Mauricio Macri, mientras que Juntos por el Cambio apuntó contra la delegación de facultades, la suspensión de la ley de movilidad y las retenciones.
La senadora neuquina Lucila Crexell, quien formó un bloque unipersonal llamado Movimiento Neuquino, votó en contra de la ley. El ex gobernador de Río Negro por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, lo hizo a favor. También adhirieron a la propuesta los senadores del Frente de Todos, Silvina García Larraburu y Martín Doñate. Los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag, del Frente de Todos, votaron afirmativamente.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
