Cristina pide aval de la corte para sesionar online

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la Nación y titular del Senado, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia una declaración de "certeza de constitucionalidad" para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.

Según voceros de la cámara alta, "La vicepresidente solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos".

Según trascendió, los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.

Asimismo, debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto una reforma reglamentaria, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.

Este requerimiento se elevará este martes ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera online. También se pedirá que la respuesta de los magistrados se produzca con la mayor celeridad posible.

Según se informó, el pedido de certeza se enmarca en la decisión del oficialismo de sesionar con cuestiones que no pueden ser resueltas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo.

Igualmente, la Constitución Nacional impide los DNU para el dictado de normas vinculadas con cuestiones penales, impositivas o electorales.

También se supo que el Frente de Todos pretende que en las próximas semanas pueda ser aprobado por el Congreso de la Nación un proyecto de ley que estaría por ser presentado hacia fines de esta semana y que busca gravar las grandes riquezas.

Esta iniciativa propondría crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos, para generar los recursos que necesita el Estado para reforzar el sistema sanitario y la recaudación tributaria, ante la caída de la economía por el coronavirus.