Mientras el juicio por la causa Cuadernos avanza en los tribunales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo frente judicial. Esta vez, la atención está puesta en un peritaje contable que busca determinar si hubo inconsistencias en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) entre 2009 y 2015, durante sus dos mandatos.
Fuentes judiciales confirmaron que el informe podría llegar esta semana a la fiscalía de Gerardo Pollicita. El estudio, que se encuentra en su etapa final, no apunta a un posible enriquecimiento ilícito, sino a verificar la exactitud y completitud de la información patrimonial declarada por la exmandataria.
Según trascendió, los peritos habrían detectado irregularidades formales en algunos de los documentos, entre ellas la existencia de “casillas en blanco” que dificultan la correcta identificación de ciertos bienes inmuebles y la falta de documentación respaldatoria, como declaraciones de Ganancias o registros sucesorios. Uno de los puntos señalados sería la ausencia de las declaraciones juradas ante la AFIP relacionadas con la sucesión de Néstor Kirchner, fallecido en 2010, lo que complicaría reconstruir con precisión la evolución del patrimonio familiar.
Una vez recibido el informe, Pollicita deberá evaluar si los hallazgos justifican nuevas medidas dentro de la causa o si se trata de observaciones de carácter administrativo. La investigación había sido iniciada tras una denuncia por presuntas inconsistencias patrimoniales, aunque su avance quedó en pausa a la espera de estos peritajes contables.
El nuevo documento aparece en un contexto judicial particularmente delicado para Cristina Kirchner. Apenas días atrás comenzó el juicio oral por la causa Cuadernos, en la que se investiga un supuesto entramado de pago de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El proceso está en manos del Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Son 174 los acusados, entre exfuncionarios y empresarios, y 26 de ellos declararon como arrepentidos. En total, se analizan 540 hechos de corrupción con distintas calificaciones legales.
Uno de los testigos clave será Ernesto Clarens, histórico financista vinculado al kirchnerismo, quien se acogió al régimen del arrepentido. En su declaración, Clarens aseguró que recibía semanalmente importantes sumas de dinero de empresarios de la construcción —alrededor de 300.000 dólares— que luego eran entregadas a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner. Según su testimonio, parte de esos fondos se habrían trasladado en vuelos oficiales hacia El Calafate y almacenado en una bóveda dentro de la residencia del expresidente.
