La discusión ambiental sumó un capítulo inesperado en la provincia de Buenos Aires. La diputada de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, presentó un proyecto que busca crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), un gravamen aplicado a las emisiones de gas metano generadas por el ganado. La iniciativa desató un fuerte rechazo del sector agropecuario, que calificó la propuesta como “absurda” y “sin sustento técnico”.
Según el texto impulsado por la legisladora, la tasa apuntaría a “mitigar la emisión de metano” —gas liberado por los vacunos durante su proceso digestivo— y se fundamenta en el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor. Klug plantea que los fondos recaudados integrarían un nuevo fideicomiso destinado a compensar esas emisiones mediante políticas ambientales, especialmente vinculadas al tratamiento de residuos urbanos.
La diputada sostiene que la propuesta busca “promover el desarrollo sostenible”, incentivar Buenas Prácticas Ganaderas y mejorar las condiciones ambientales en zonas rurales y urbanas de la provincia. El valor del tributo, según el proyecto, sería calculado en pesos por kilogramo de CO2 equivalente, en función de la cantidad y tipo de animales y otros parámetros productivos.
Sin embargo, la respuesta del campo fue inmediata y contundente. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su “absoluto rechazo”, remarcando que la ganadería provincial ya enfrenta una de las presiones tributarias más altas del país. “Sumar una tasa al metano de las vacas no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”, advirtieron.
La entidad también cuestionó duramente el enfoque del proyecto: “La improvisación legislativa también emite, y mucho más”, señalaron en un comunicado, incluso ironizando con la posibilidad de crear una tasa para los legisladores que impulsan iniciativas de este tipo.
Mientras el oficialismo intenta instalar el debate en clave ambiental, el sector productivo alertó que no acompañará “más cargas que castiguen al campo y a las economías regionales”. El proyecto, que ya encendió tensiones políticas y gremiales, deberá ahora enfrentar un intenso debate legislativo.
