Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó su firme rechazo a la iniciativa que busca reducir de 16 a 14 años la edad de punibilidad o imputabilidad, cuestión que avanza en su tratamiento en Diputados. "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", sostuvo el obispo.
El tema está en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera tener mayoría, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien la propuesta original del Gobierno planteaba los 13 años como nuevo umbral, el texto consensuado finalmente se inclina por los 14 como edad suficiente para ser procesado y eventualmente encarcelado.
Monseñor Braida enfatizó en una entrevista con Infobae que la respuesta a la problemática de la delincuencia juvenil no puede ser meramente punitiva. "Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves", explicó. "No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención".
Esta ha sido la doctrina imperante en los últimos 30 años, y en Neuquén se expresa en el texto de la Ley 2.302, firmemente defendida por el establishment político, al menos hasta ahora.
Desde la Iglesia advirtieron sobre las consecuencias negativas de encarcelar adolescentes, señalando que "lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas". Braida reiteró con firmeza: "Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz".
El obispo también alertó sobre las "deficiencias estructurales" del sistema actual, coincidiendo con legisladores que señalan la falta de lugares adecuados para la detención de menores. Ninguno de los proyectos en discusión contempla partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros de detención para jóvenes.