La reciente orden de la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York, que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de 2012, ha desatado un sinfín de especulaciones sobre los próximos pasos del Gobierno. El 15 de septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a abonar la impresionante cifra de US$16.000 millones por la expropiación, una cifra que ahora asciende a US$17.750 millones con los intereses acumulados. La jueza otorgó al país un plazo de 14 días para realizar la transferencia de las acciones clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon (BNYM), en cumplimiento del fallo.
Aunque el presidente Javier Milei se ha comprometido a apelar la sentencia, la situación se complica por la posición de los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Capital, que ahora se muestran dispuestos a negociar un acuerdo para evitar una prolongada disputa. Esto abre un abanico de posibilidades, entre las cuales se barajan opciones como aceptar una quita sobre el monto de la sentencia o realizar el pago mediante bonos.
El tiempo es un factor crucial en este proceso. La Argentina acumula casi US$3 millones en costos adicionales por cada día de demora, dado que los intereses se actualizan a una tasa fija anual del 5,42%. De acuerdo con un informe de Adcap, el Gobierno tiene tres caminos posibles para resolver esta crisis: cumplir con el fallo y ceder el control de YPF, apelar la decisión y buscar una suspensión antes del plazo final, o entablar negociaciones directas con los acreedores.
Para Adcap, el enfoque más sensato parece ser la negociación directa, ya que, según indicaron, "sin un diálogo significativo, no hay resolución posible para estos desafíos legales". De no actuarse con prontitud, la credibilidad del Gobierno podría verse aún más comprometida, especialmente en un contexto en el que el país está negociando con el FMI y buscando atraer inversiones para paliar sus debilidades macroeconómicas.
En este escenario, no tomar acción podría derivar en daños reputacionales y financieros difíciles de recuperar. Prolongar el litigio sin una solución negociada solo aumentaría la incertidumbre y podría generar un desenlace disruptivo para la petrolera, como una venta apurada que erosionaría su valor de mercado y tendría repercusiones negativas en el futuro económico de Argentina.