Con el objetivo de avanzar en su plan de reducción del gasto público y reorganización del Estado, el gobierno de Javier Milei decidió disolver cuatro organismos clave del sector transporte: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Todos ellos dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida, que había sido anticipada en reiteradas ocasiones, comenzó a formalizarse mediante un proyecto de decreto que, según fuentes oficiales, podría publicarse mañana en el Boletín Oficial.
En reemplazo de estas entidades, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que pasará a concentrar las funciones de fiscalización, control y sanción en materia de transporte terrestre de jurisdicción nacional.
Un nuevo esquema de control centralizado
La nueva agencia actuará como Autoridad de Aplicación en lo referido a la supervisión de concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor urbano y suburbano, así como en la fiscalización del cumplimiento de contratos de concesión, acuerdos operativos y permisos de explotación.
Entre sus atribuciones se encuentran:
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Realizar inspecciones in situ y requerir documentación a los concesionarios.
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Supervisar que los servicios públicos cumplan con estándares técnicos y operativos adecuados.
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Garantizar la continuidad y seguridad de los servicios de transporte.
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Aplicar sanciones ante incumplimientos contractuales.
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Promover acciones civiles y penales ante la Justicia en casos que lo ameriten.
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Investigar accidentes ferroviarios de gravedad y su implicancia en la seguridad vial.
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Resolver disputas relacionadas con el acceso abierto en concesiones ferroviarias.
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Fiscalizar programas de mantenimiento de infraestructura y material rodante.
Además, tendrá la potestad de solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que sea necesario para cumplir con sus funciones.
Una señal clara del rumbo libertario
Esta reestructuración responde a la lógica de achicamiento del Estado que el presidente Milei impulsa desde su llegada al poder. Al eliminar organismos descentralizados y concentrar tareas en una única entidad, el oficialismo busca reducir costos, evitar superposiciones y aumentar el control sobre la infraestructura y los servicios de transporte.
Sin embargo, sectores técnicos y sindicales ya expresaron preocupación por el posible debilitamiento de políticas históricas en materia de seguridad vial, especialmente tras la disolución de la ANSV y el desmantelamiento de estructuras como la DNV. También surgen interrogantes sobre la independencia y capacidad operativa que tendrá el nuevo organismo.
A la espera del decreto definitivo, el gobierno avanza con una transformación profunda del entramado estatal vinculado al transporte terrestre, con el foco puesto en la eficiencia, pero en medio de tensiones y debates sobre sus implicancias a largo plazo.