Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron este martes con la extracción de datos del celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la causa que investiga presuntos pagos de sobornos.
La descarga de la información se concretó a pesar de que Spagnuolo no entregó la clave de acceso cuando su teléfono fue secuestrado en un procedimiento en su vivienda de un barrio privado de Pilar, según confirmaron fuentes judiciales.
Con esta etapa concluida, la Justicia avanzará ahora sobre los celulares de Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios atribuidos a Spagnuolo como origen de los presuntos pedidos de coimas a laboratorios.
También se prevé el análisis del teléfono del exfuncionario Daniel Garbellini, quien sí facilitó la clave de su dispositivo. En paralelo, estaba prevista la presencia en Comodoro Py de Eduardo Kovalivkrer, padre de los empresarios e histórico accionista de la compañía, ya retirado de la actividad profesional.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haber advertido a uno de los Kovalivkrer sobre la inminente llegada de la Policía durante un operativo.
En su declaración indagatoria, De Vicentis negó la acusación y explicó que, pese a encontrarse de vacaciones, pidió una copia de la orden judicial y verificó la identidad de los agentes por “responsabilidad profesional”. Aseguró que tales controles forman parte de sus tareas habituales y rechazó haber cometido un “encubrimiento” o “obstrucción a la justicia”.
Mientras tanto, Jonathan Kovalivkrer se presentó en los tribunales de Retiro junto a su abogado, Martín Magram, y entregó su teléfono celular al fiscal Franco Picardi, aunque —al igual que Spagnuolo— se negó a proporcionar la clave de acceso.
La investigación se encuentra en una etapa clave, con la expectativa puesta en el análisis de los dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas sobre un presunto esquema de sobornos, sobreprecios y vínculos entre funcionarios y laboratorios proveedores del Estado.
