El encarecimiento del financiamiento se da en un contexto en el que el crédito al consumo venía registrando un crecimiento sostenido, tanto en el uso de tarjetas como en la expansión de los préstamos personales. En paralelo, los salarios no mostraron el mismo ritmo de avance, lo que derivó en un incremento de los incumplimientos. Según datos oficiales, en mayo la mora alcanzó el 4,2% en tarjetas de crédito —más del doble que un año atrás— y el 5,6% en préstamos personales.
Las tasas nominales anuales para financiar saldos impagos con tarjetas se ubican entre el 76% y el 90%, aunque el costo financiero total (CFT) supera el 100% al incorporar impuestos y gastos administrativos. En los préstamos personales, el costo final es mayor: un crédito a cuatro años para un cliente con buen historial crediticio puede implicar un CFT superior al 140%.
La estructura impositiva incrementa el valor final de las deudas. Al interés pactado se le suman conceptos como IVA e Ingresos Brutos, lo que aumenta el monto total a pagar por los usuarios del sistema financiero.
El aumento de las tasas, junto con la inflación y la evolución de los ingresos, impacta en la dinámica del endeudamiento. Aquellos que cancelan solo el pago mínimo en tarjetas pueden enfrentar un crecimiento significativo de su deuda en el tiempo. Según fuentes del sector bancario, los clientes con ingresos estables y buen historial logran condiciones más favorables, mientras que los que presentan atrasos previos o ingresos irregulares son los más afectados.
Proyecciones privadas prevén que la morosidad continúe en alza hacia fin de año, en un marco en el que la política oficial sostiene niveles elevados de tasas de interés. En este escenario, el seguimiento de la capacidad de pago de los hogares se vuelve un factor clave para evaluar la evolución del crédito al consumo.
