El jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, fue procesado por su presunta colaboración en la fuga de Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, durante los allanamientos vinculados al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveladas en los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo. La medida fue dictada por el juez Sebastián Casanello, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y un embargo sobre sus bienes por $2 millones.
El magistrado además declaró la incompetencia de su juzgado para continuar con la investigación, que será remitida a un tribunal con jurisdicción sobre la localidad donde se encuentra Nordelta.
Claves del procesamiento
Según el juez, la Policía enfrentó “serias dificultades” durante los allanamientos en el country. Casanello citó al comisario Lucas Alberetti, jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, quien relató que al llegar al lugar solicitó la colaboración del vigilador Hugo Martín Bogarín para identificar el lote de Kovalivker.
Posteriormente, Bogarín recibió una llamada de De Vincentis, identificado como supervisor de seguridad del barrio, quien le exigió explicaciones sobre la presencia policial y el contenido del allanamiento. Durante la conversación, el oficial policial interrumpió el diálogo para evitar que se filtrara información sensible, detectando “ofuscación” por parte del jefe de seguridad.
Minutos después, un Audi S3 conducido por Kovalivker salió del country, mientras que cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar tras un llamado del área de seguridad de Nordelta, alegando que “personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”. Una vez verificada la legalidad del operativo, los patrulleros se retiraron, pero el juez advirtió que el registro del domicilio mostró indicios de que los ocupantes habían sido advertidos previamente.
Pruebas y modus operandi
Casanello destacó que las conversaciones en el teléfono de De Vincentis constituyen prueba inobjetable, ya que revelan un protocolo no escrito sobre cómo obstaculizar a las fuerzas de seguridad. Según el magistrado, todas las actuaciones debían pasar previamente por el área de Legales, generando un procedimiento obstructivo que buscaba retrasar las acciones policiales y anular el factor sorpresa.
