La Justicia federal ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tras la denuncia presentada por el Gobierno. La medida alcanza a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales que hubieran reproducido las grabaciones registradas en la Casa Rosada.
El fallo, difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni, sostiene: “Corresponde admitir la protección cautelar requerida... decretase la medida cautelar ordenando solamente el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
Adorni celebró la decisión judicial y remarcó que “se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”. El fallo responde a la denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que denunció una “operación de inteligencia ilegal” con fines de “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal N.° 12 y advierte que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de la democracia”. Según el escrito, la secuencia habría incluido espionaje ilegal, edición clandestina de audios y posterior difusión política, con el agravante de haberse producido dentro de la sede del Gobierno nacional.
Uno de los focos de la denuncia es el canal de streaming Carnaval, donde el periodista Mauro Federico difundió fragmentos de los audios y aseguró contar con más de 50 minutos de grabaciones. El Gobierno también apuntó contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes vinculó con presuntos servicios de inteligencia y con operadores del kirchnerismo.
Mientras avanza la investigación judicial, la Casa Rosada busca determinar si las grabaciones fueron intervenidas o editadas digitalmente con el objetivo de manipular el contenido y utilizarlo como herramienta de presión política.
