La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo judicial contra la Ley de Modernización Laboral, recientemente oficializada en el Boletín Oficial. La acción fue presentada ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien ya había intervenido anteriormente para desarticular un decreto de desregulación laboral emitido por el presidente Javier Milei a comienzos de 2024.
El escrito está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que integran la central obrera. La presentación judicial se produce pocos días después de que, el lunes pasado, la CGT realizara una marcha a Tribunales y presentara un recurso ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, sancionada definitivamente por el Senado el viernes último y aún pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que cuidará el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al salir de los tribunales de la calle Talcahuano.
¿Qué dice el documento?
“La mal llamada ‘modernización’ implica una afectación grave de derechos colectivos e individuales, violando expresamente principios constitucionales”, sostiene el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
En un comunicado oficial, la central obrera explicó que su reclamo se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
Además, se advierte que la reforma contraviene el Principio Protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca restituir el equilibrio evitando abusos sobre la parte más débil.
El escrito detalla que se ven afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, incluyendo la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social.
La CGT cuestiona también aspectos concretos de la reforma: la normativa permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de horas extras y la consecuente reducción de salarios, la supresión de sanciones a empleadores que incumplen con aportes, y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
