La causa Cuadernos avanzó este jueves con su novena audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, donde se leyeron los descargos de empresarios imputados que relataron un sistema de extorsiones, aprietes y pagos ilegales durante el kirchnerismo, en el marco de la presunta cartelización de la obra pública vinculada a la Cámara Argentina de Empresas Viales. El juicio continuará el próximo martes 16 a las 13.30.
En la audiencia se detalló el testimonio del empresario y colaborador Aldo Roggio, quien afirmó haber sufrido presiones directas del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. “No se puede hacer política sin plata”, aseguró que le dijo el exfuncionario. Roggio indicó que fue informado de un esquema mediante el cual las empresas debían contribuir económicamente para que sus obras avanzaran, aunque sostuvo que no participó del sistema y que, por ese motivo, fue marginado.
El empresario relató que, tras ganar algunas licitaciones en competencia, la empresa comenzó a enfrentar demoras prolongadas en el pago de certificados, redeterminaciones de precios y otros trámites claves. Aseguró que, para sortear esos obstáculos, fueron presionados para realizar aportes monetarios que eran exigidos por De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti. Según su testimonio, los pagos —que recibía Ernesto Clarens— rondaban los USD 100.000 por entrega, alcanzando un total cercano a USD 3 millones.
También se leyó la declaración de Carlos Wagner, otro imputado colaborador clave, quien señaló que las demoras en los pagos por parte de Vialidad Nacional desde 2006 generaron una situación crítica para las constructoras. Dijo que los pagos ilegales a Clarens se convirtieron en la única vía para evitar el ahogo financiero, y que esos montos no guardaban proporción con el tamaño de las obras: “Es una cuenta muy difícil de hacer”, aseguró. Detalló que el mecanismo se extendió, con variaciones, hasta 2011.
Otro de los testimonios incorporados fue el del empresario Ángelo Calcaterra, quien explicó que en ocasiones recurrió a Clarens para agilizar el cobro de trabajos ejecutados y no pagados, y posteriormente entregó dinero como “reconocimiento”. Recordó además que en 2004 participó de una reunión convocada por la Cámara, de la que se retiró junto a Sánchez Caballero tras considerar que los nigunearon y que pretendían limitar a su empresa —una de las más grandes del sector, con 3000 empleados— al rol de subcontratista. Calcaterra subrayó que, pese a presentarse a cientos de licitaciones, el porcentaje de obras adjudicadas fue “mínimo”.
Las declaraciones presentadas ante el tribunal profundizan la descripción de un presunto sistema de cartelización y recaudación ilegal que, según los empresarios, condicionó el funcionamiento de la obra pública durante varios años.
