El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas que cambiará la forma en que se otorga la asistencia estatal. A través de disposiciones oficiales publicadas este martes, las autoridades de Energía aprobaron el formulario que deberán completar los usuarios para solicitar el beneficio y definieron criterios más estrictos que pueden dejar afuera a quienes hasta ahora recibían ayuda.
El sistema se llamará Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y comenzará a regir a partir de febrero. Reemplazará a la segmentación por ingresos vigente desde 2022, una vez que se definan los nuevos precios mayoristas de la energía. El objetivo central es reducir el gasto público y avanzar con los compromisos asumidos por el país en materia fiscal.
Según lo dispuesto, solo un grupo de usuarios podrá acceder a tarifas subsidiadas. El principal requisito será el nivel de ingresos del hogar, que no deberá superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) que mide el INDEC. En diciembre, ese tope se ubicó en $3.926.139 mensuales.
Además del ingreso, también podrán acceder al beneficio algunos hogares considerados vulnerables, como aquellos que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar, los que tengan un integrante con pensión vitalicia por ser veterano de Malvinas o los que incluyan una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Sin embargo, el nuevo esquema suma condiciones patrimoniales que pueden derivar en el rechazo o la exclusión del subsidio, aun cuando se cumpla con el requisito de ingresos. Las autoridades explicaron que estos criterios buscan detectar capacidad de pago dentro del grupo familiar.
De este modo, quedarán fuera del beneficio los hogares donde alguno de sus integrantes tenga un vehículo con menos de tres años de antigüedad, salvo en los casos donde viva una persona con discapacidad certificada. También se excluirá a quienes posean tres o más inmuebles entre todos los miembros del hogar, o tengan embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias registradas a su nombre.
Con este nuevo esquema, el Gobierno apunta a concentrar los subsidios solo en quienes realmente los necesitan, en un contexto de ajuste del gasto público y redefinición del rol del Estado en el sostenimiento de las tarifas energéticas.
