El gobierno nacional, después del triunfo en el Senado para aprobar con media sanción la reforma laboral, va por otra meta políticamente importante, en Diputados, cámara en la que se votará el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil -con baja en la edad de imputabilidad- y, además, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Ambos temas tienen dictamen de mayoría a favor, lo que le permite al oficialismo encarar la sesión especial de este jueves con optimismo, en una senda que era imposible antes de las elecciones del año pasado y la conformación que tenía el Congreso.
La jornada de hoy en Diputados comenzará a las 11, y podría, como ocurrió el miércoles en el Senado, extenderse hasta la madrugada, si no se depura la lista de oradores. Según el reglamento del Congreso (habría que revisarlo) cada legislador tiene hasta 40 minutos para hablar, un tiempo que en la actualidad aparece como excesivo.
El dictamen de mayoría del nuevo régimen penal juvenil fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID. Unión por la Patria (peronismo kirchnerista, mayormente) y el Frente de Izquierda no acompañaron, y votarán, de seguro, en contra.
Además de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (había apuntado a los 13 años, pero se reformuló), el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un paquete de sanciones o castigos opcionales a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización. Deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua, y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión. Para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con “un enfoque social y educativo”.
De aprobarse, como parece, el nuevo régimen, habrá que esperar para ver si en Neuquén se revisa (o no) la Ley 2.302, que tiene un enfoque y fija un régimen que entrará en muchos aspectos en colisión con lo que el Congreso eventualmente aprobará.
