La posibilidad de que el Congreso Nacional debata y eventualmente apruebe una modificación a la edad considerada para imputar por crímenes a menores, que actualmente está en 16 años, y que podría pasar a 13 años de mínima, alimenta en Neuquén el debate acerca de la vigencia y eventual revisión de la Ley provincial 2.302, un emblema protector de la minoridad que, según algunas opiniones, necesita ser reconsiderado y adecuado a una nueva realidad.
El último debate público respecto de la Ley 2.302 en Neuquén tuvo como disparador el asesinato del periodista Juan Caliani, muerto en la casa de sus padres, donde vivía, por dos menores de edad. El hecho ocurrió el 1 de abril de 2024. Los asesinos tenían 16 y 17 años, respectivamente.
Los chicos fueron beneficiados por la inimputabilidad que dispone la Ley provincial, y recién fueron juzgados y condenados tras cumplir 18 años. En el período que medió con esa circunstancia, permanecieron bajo la tutela de su familia, con un régimen dispuesto por la justicia de menores. Culpables del crimen, fueron sentenciados a 6 y 9 años de prisión, finalmente, en diciembre del año pasado.
El debate sobre la Ley 2.302 y otras leyes relacionadas respecto del tratamiento hacia menores que han delinquido en Neuquén, será necesario para atender al hecho de que el presidente Javier Milei oficializó (este martes) la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial. El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente, bajando el piso de punibilidad para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados. En concreto, se evalúa bajar el piso de los 16 años a los 13.
