El Senado se prepara para una sesión clave este viernes, en la que el oficialismo confía en convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas centrales del Gobierno para incentivar la incorporación de dólares no declarados al circuito formal de la economía.
La sesión fue convocada para el mediodía y, una vez tratado el Presupuesto —prioridad absoluta para el Ejecutivo—, se debatirá esta propuesta que ya cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La Libertad Avanza logró articular acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el peronismo se mantiene al margen del debate en comisiones por diferencias en su conformación.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, lo que dejó el camino despejado para su llegada al recinto. Desde el oficialismo destacan que la iniciativa apunta a reducir la presión fiscal, simplificar el sistema impositivo y dar previsibilidad a los contribuyentes.
Uno de los ejes centrales es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Quienes ingresen quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y no estarán sujetos a controles sobre sus consumos, pagando únicamente el impuesto a las Ganancias en función de los ingresos declarados.
Según el texto, ARCA sólo evaluará lo facturado, sin considerar incrementos patrimoniales, y permitirá deducir consumos sobre esa base. Además, se establece un efecto liberatorio del pago cuando el contribuyente acepte la declaración jurada propuesta y cumpla en tiempo y forma, salvo que se detecte ocultamiento de ingresos.
En materia penal, la iniciativa introduce cambios significativos. El umbral para que exista evasión simple se eleva de manera considerable, mientras que el delito de evasión agravada quedará reservado para montos mucho más elevados que los actuales. También se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
El proyecto prevé que no se inicien acciones penales si las deudas e intereses son cancelados, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente. Incluso, en casos donde la denuncia aún no haya sido presentada, esta quedará extinguida si se paga la deuda con un adicional dentro del plazo establecido.
Si bien el espíritu de la ley apunta a un relajamiento de los controles fiscales, el texto también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
Con el respaldo político ya asegurado, el Gobierno confía en que este viernes el Senado dará luz verde a una norma que considera clave para reactivar la economía y ampliar la base de contribuyentes.
