La CGT volverá a la calle para expresar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, pero sin convocar a un paro general. La central obrera resolvió movilizarse el próximo miércoles al mediodía frente al Congreso, en coincidencia con el inicio del debate del proyecto en el Senado, tras una reunión de su Consejo Directivo atravesada por fuertes diferencias internas.
La decisión fue tomada en la sede de Azopardo y dejó en evidencia la tensión que atraviesa a la conducción sindical. Habrá movilización, pero no una medida de fuerza unificada, aunque cada gremio quedó habilitado a definir ceses de actividades parciales para facilitar la participación de los trabajadores en la protesta.
El encuentro expuso una vez más la fractura dentro de la CGT. El sector dialoguista, integrado por los llamados “Gordos” e “Independientes”, insistió en la necesidad de mantener abiertos los canales de negociación política para intentar modificar el contenido de la reforma. Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez vienen impulsando contactos con gobernadores y senadores con ese objetivo.
Del otro lado, el ala más dura de la central reclamó una respuesta más contundente. Los gremios del transporte, agrupados en la CATT, propusieron un paro de 12 horas el mismo día de la movilización, e incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de una huelga de 48 horas. Ninguna de esas iniciativas logró el respaldo necesario para avanzar.
También hubo planteos para que la CGT avale formalmente un cese de actividades y presente la protesta frente al Congreso como el inicio de un plan de lucha escalonado. Sin embargo, la postura mayoritaria fue evitar un quiebre total con el Gobierno y preservar margen de maniobra en plena discusión legislativa.
La definición llega en un contexto de negociaciones cruzadas. En las últimas semanas, la CGT combinó gestiones políticas con advertencias públicas frente al avance de la reforma laboral. La llegada del proyecto al Senado aceleró los tiempos y obligó a una señal en la calle, mientras dirigentes sindicales mantuvieron contactos con gobernadores peronistas que expresaron reparos sobre el impacto de la iniciativa en las condiciones de trabajo.
Esos respaldos, sin embargo, no fueron homogéneos. Algunas reuniones quedaron suspendidas y otras condicionadas por las negociaciones paralelas que las provincias mantienen con la Casa Rosada, en especial por los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.
La CGT había puesto expectativas en encuentros con mandatarios como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. En el caso de Llaryora, la reunión fue suspendida a último momento por cuestiones de agenda, aunque desde la central aseguraron que intentarán reprogramarla antes de que avance el debate en el Senado.
Mientras tanto, el Gobierno despliega su propia estrategia. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza reuniones con gobernadores para sumar apoyos y recientemente mantuvo un encuentro con el pampeano Sergio Ziliotto, uno de los más críticos, quien no garantizó su acompañamiento a la reforma.
En ese escenario, la movilización sin paro aparece como una salida intermedia. Para el sector mayoritario de la CGT, permite mostrar rechazo y presión social sin cerrar del todo el diálogo político. Para los sectores más combativos, en cambio, la decisión resulta insuficiente frente a lo que consideran un avance profundo sobre los derechos históricos del movimiento obrero.
