Una de las mujeres detenidas en la causa contra la banda que realizaba extorsiones desde la cárcel a través de aplicaciones de citas, de las cuales una de las víctimas fue el soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en diciembre pasado en la Quinta de Olivos, era empelada del Municipio de Morón.
Se trata de Karen Yael Cufré, quien era empleada en el Centro de Monitoreo de la Secretaria de Seguridad de Morón, hasta que fue detenida por la causa de extorsión.
A través de un comunicado, las autoridades del Municipio explicaron que Cufré “fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”.
Sin embargo, explicaron que, tras la muerte del soldado y a partir de la investigación tras el suicidio de Gómez, “se dispuso su cesantía inmediata”. El comunicado destaca que la cesantía sucedió semana atrás. “El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, expresaron en el comunicado.
La causa y el modus operandi de la organización
De acuerdo a la información obtenida, la banda era liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, sumado a otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres.
Se les atribuyó a todos los imputados haber formado parte, con distintos grados de participación, de una asociación criminal que se habría dedicado organizadamente a obtener entregas o transferencias de cosas y/o dinero mediante intimidaciones, simulación de autoridad pública y/o invocación de una falsa orden de esta, además de tres hechos de extorsión.
Asimismo, a los cabecillas se les imputó la instigación al suicidio del granadero Gómez. La organización criminal creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas “Evermatch, para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación a través de WhatsApp.
Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, en el que les advertía que la joven era menor y que formularía una denuncia en su contra.
Posteriormente, recibían un llamado de una persona que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien les indicaba que la supuesta madre estaba por denunciarlos y les exigía transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.
En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos. El primero de los casos fue el que perjudicó al soldado, a quien obligaron a transferir $1.413.000, a dos cuentas de la plataforma Mercado Pago, el 15 de diciembre pasado.
