Ley de hidrocarburos

Cuáles son los cambios que facilitarían la aprobación de la ley petrolera

jueves, 28 de agosto de 2014 · 09:10
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, debió atravesar anteayer en auto los 1150 kilómetros que separan su provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco se operó de un desprendimiento de retina que le tiene vedado el avión. Su par de Chubut, Martín Buzzi, también estuvo ayer en Buenos Aires. Desde las 15.30 se reunió con Sapag para cerrar posiciones con respecto al proyecto oficial para reglamentar el negocio de los hidrocarburos. Después de las 17 se encontraron con el ministro de Planificación, Julio De Vido, uno de los que menos desagrado despiertan entre los gobernadores a la hora de buscar consensos.
Los gobernadores también esperaban al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Si limaban las asperezas, todos culminarán la semana con una reunión en la Residencia de Olivos. Allí los esperaría la presidenta Cristina Kirchner.
Ese raid de encuentros efímeros es la apuesta del Gobierno para destrabar el envío al Congreso de una nueva ley de hidrocarburos, que reclama el presidente de YPF, Miguel Galuccio, pero generó mucho malestar en las provincias.
Los contrapuntos entre la Casa Rosada y las dos principales provincias de la Ofephi giran, fundamentalmente, en torno a cuatro artículos del borrador redactado por Zannini. Entre las principales controversias figuran:

- Las provincias reclamaron la inclusión de un canon o bono único de reingreso a las áreas que deberán pagar las empresas cuando soliciten la prórroga por 10 años de esos yacimientos o incluso una concesión no convencional por 35 años. El proyecto inicial del Gobierno no lo preveía. Pero en los últimos días el Ejecutivo accedió al pedido de los gobernadores. Ahora la discusión gira en torno a qué valor tendrá el bono. El Gobierno, junto con YPF, quiere que el monto esté determinado por el valor de las reservas probadas (P1) multiplicado por un 2% del precio internacional del petróleo al momento de la al momento de la prórroga. Así, por ejemplo, con el precio actual del WTI, las petroleras deberían pagar 2 dólares por barril por sus P1. Las provincias, en cambio, quieren que el valor de referencia ascienda al 6% del importe del crudo. Y además aspiran a que se incluya en la fórmula a las reservas probables (P2) y posibles (P3). Con todo, según pudo averiguar este medio, es factible que los gobernadores terminen aceptando una alícuota del 3/3,5%.

- Sobre las prórrogas petroleras de las concesiones, el proyecto oficial deja entrever que las empresas que hayan cumplido con las inversiones comprometidas en los campos hidrocarburíferos "podrán solicitar” una extensión por 10 años de esos activos. Se crea así una especie de derecho a favor de las operadoras privadas. Los gobernadores quieren cambiar la redacción del artículo de manera tal que sean las provincias las que "puedan otorgar” una prórroga. El poder de decisión pasaría, así, a favor de los estados provinciales.

- Pliego licitatorio. Las provincias apuntan a participar de la conformación del pliego-modelo que se utilizará en las próximas licitaciones petroleras. El documento oficial de Zannini propone la homologación de un pliego único entre las 10 provincias de la Ofephi, cuya redacción estará a cargo de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, que responde al ministro de Economía, Axel Kicillof. Los gobernadores se oponen. Quieren que aunque exista un pliego modelo, éste deba ser ratificado por las legislaturas provinciales. En los hechos, a lo que aspiran es a que la redacción del pliego se concrete por consenso y no por decisión unilateral de Nación. Es un punto central.

- Las provincias petroleras quieren asegurarse que el proyecto de ley dejé bien en claro que las modificaciones del marco impositivo regirán ‘para adelante’ y no afectarán el cuadro tributario para las concesiones vigentes. En la práctica, apuntan defender los ingresos extras –en forma de canon adicional y por renta extraordinaria- logrados en las renegociaciones  de las áreas que vencían en 2016.

- El artículo 13 del borrador inicial prevé que la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos no podrá superar el 3% y a su vez, prohíbe a las provincias gravar con el impuesto a los Sellos los contratos petroleros. Los gobernadores petroleros alegan que eso es inconstitucional. "Cualquier juez provincial fallaría en contra de ese artículo”, explicó un funcionario patagónico. Por eso, en lugar de incluir el tema directamente en el proyecto de ley, proponen firmar un pacto fiscal con Nación. Les da mayor autonomía para negociar beneficios para las provincias.

- El artículo 21 del texto oficial contempla el pago a cargo de las petroleras de un 0,5% de la inversión inicial para proyectos de RSE. Y del 1% para obras de infraestructura. De nuevo, el Gobierno apunta a que los proyectos sean aprobados por la Comisión que dirige Kicillof para evitar decisiones discrecionales de los gobernadores. Pero desde el seno de la Ofephi se oponen. Quieren participar de la elección de los proyectos que se financien que esos fondos.

- A su vez, los gobernadores parecen haber cedido el llamado carry. Así se denomina a la modalidad de acarreo, en la que una empresa con capacidad de inversión le ofrece a la compañía provincial un porcentaje de un proyecto a cambio de quedarse con la mayor parte de la concesión.

Fuente: El Inversor Online

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