Qué concedió el oficialismo para seducir a las provincias petroleras

Después de varios meses de contrapuntos, el Gobierno nacional y los gobernadores llegaron a un acuerdo para modificar la ley de hidrocarburos. Tanto los gobernadores como YPF –ideóloga de los cambios– están satisfechos por los cambios que proyectan en la legislación, aunque las partes aceptan que hay ciertos articulados que son "confusos ” para la lectura de neófitos en la materia.

El derecho de "acarreo”, que le da una participación en las petroleras provinciales en las concesiones, era uno de los aspectos más controvertidos. En Neuquén hicieron saber que estaban satisfechos porque se "mantiene”. Quienes defienden el proyecto del Poder Ejecutivo entienden que se modificó. Las petroleras provinciales podrán tener una participación en las áreas petroleras, pero deberán aportar dinero fresco para eso. El "acarreo”, como venía funcionando hasta ahora, les permitía a las provincias –Neuquén era el caso emblemático– una participación accionaria sin tener que poner plata fresca, ya que se quedaban con una tajada a través de financiaciones a los concesionarios que no implicaban desembolsos puntuales.

Otro de los temas en discusión eran los impuestos. YPF buscaba unificar un 3% de Ingresos Brutos en todas las provincias (había provincias que cobraban hasta 6%) y los gobernadores que se negaban, finalmente aceptaron. A cambio, las provincias conservan la facultad de gravar con el impuesto de Sellos a las inversiones, aunque dicho tributo no puede superar sus valores actuales. Además, el tributo de Sellos se aplicará a las transacciones (compraventa de crudo), pero no a las inversiones.

Una de las "concesiones” del gobierno nacional a las provincias es que las empresas tendrán que aportar mayor dinero de su inversión inicial a obras para las provincias. La ley establece que el 2,5% del total de la inversión irá a obras de responsabilidad social (como la construcción de escuelas). En los borradores anteriores, solo el 0,5% de la inversión de las petroleras iba a se destinado para ese fin. Además, el Estado nacional pondrá otro 1% (del total que pone la petrolera), algo que estaba antes y quedó.

El Gobierno nacional aceptó incorporar en la ley el pago de un "bono de ingreso ”. Esto es cuando una empresa solicita una extensión de la concesión original de un área. Allí deberá desembolsar un valor equivalente al 2% de las reservas existentes en esa cuenca, al precio promedio de la misma. Lo podrán pagar en tres cuotas.

Se estableció que los yacimientos convencionales tendrán 25 años de plazo de concesión, los offshore 30 años y los no convencionales, 35 años.

Las empresas pagarán un 12% de regalías. En todos los casos, pueden pedir prórroga de 10 años. Frente a la primer extensión de contrato, las petroleras deberán pagar otro 3% de regalías. Y si solicitan otra prórroga –otros 10 años– abonarán otro 3% de regalías adicional.

Fuente: Diario Clarín