Avanza la investigación en La Pampa
Imputaron al administrador de la estancia de los Trappa
Es por el ingreso ilegal de 17 hacheros del Chaco que trabajaron en el campo de los dueños de Vía Bariloche.
El administrador de la Cabaña Curacó, propiedad de la familia Trappa fue imputado en la causa que lleva adelante la Justicia de La Pampa por el ingreso ilegal a la provincia de 17 hacheros chaqueños en plena cuarentena y que fueron sacados en el semi térmico de un camión de la empresa Vía Cargo hasta Cipolletti, donde un llamado anónimo alertó a la policía de Río Negro.
El juez Diego Asín citó a declarar a Germán Hirtz, encargado del campo de la familia Trappa y Jorge Segura, dueño del campo San Carlos alquilado por este grupo económico en el que estaban trabajando los peones rurales provenientes de Chaco. Ambos se negaron a declarar y quedaron imputados por el delito de “permitir o facilitar” el ingreso de 17 peones a la estancia, violando la legislación vigente en relación a la cuarentena.
Según la investigación, los hacheros ingresaron de manera ilegal a La Pampa luego de que en dos controles camineros les hayan negado la autorización correspondiente. Permanecieron varios días en el campo San Carlos, en cercanías a General Acha, que administra la firma Curacó, donde realizaron tareas de desmonte.
La Justicia pampeana junto con las autoridades de trabajo llegaron al campo para realizar una inspección, pero se comprobó que unas horas antes, alertados de la visita de los inspectores, los peones rurales fueron sacados del campo. Luego, se conoció que el sábado 23 de mayo poco después de las 22, un llamado anónimo alertó a la policía de Río Negro que un grupo de trabajadores rurales había llegado a la base de la empresa Vía Bariloche de Cipolletti, en el interior de un semi térmico de la empresa de encomiendas Vía Cargo, ambas empresas integran el grupo Trappa.
Cuando tomó intervención la justicia rionegrina, los peones ya estaban arriba de un colectivo de la empresa El Valle para partir hacia Buenos Aires, y sólo se inició una actuación administrativa porque dos de los chaqueños no tenían permiso para transitar.
El grupo de hacheros vivió en un campamente improvisado en pleno campo y en condiciones infrahumanas, según los investigadores. Por esta situación y el sometimiento que vivieron los hacheros chaqueños, es que la Justicia Federal con sede en Santa Rosa inició una causa por trata de personas.
