El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, firmó este martes la orden a la Auditoría General del Poder Judicial para iniciar una investigación que determine si cabrían responsabilidades penales en la liberación antes de tiempo de un hombre condenado a prisión perpetua por haber asesinado a un efectivo policial.
Se trata del caso de la liberación de Héctor Hernán Ruiz Herrera, quien en 2015 fue sentenciado junto a su padre Emilio Ruiz Baldevenito a prisión perpetua por el asesinato del policía Víctor Fabián Garro, ocurrido en una toma de Añelo, en octubre de 2014.
Es que Ruiz Herrera fue dejado en libertad en junio del 2021 sin que la familia de la víctima sea notificada. Se le adjudicó a un ex funcionario un “error administrativo”, pero el caso podría convertirse en un escándalo mayor si se comprueba que hubo responsabilidad de la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass.
El abogado de la familia Garro, Gustavo Lucero, presentó una nota ante la secretaria de Superintendencia, Claudia Valero, que “se insten las acciones administrativas pertinentes, a efectos de llevarse adelante una investigación” para esclarecer las responsabilidades sobre la liberación “por error” de Ruiz Herrera.
El abogado indicó en la nota que “Héctor Hernán Ruiz Herrera tenía (prisión) perpetua. Lo expulsaron del país sin que se cumplan los plazos de ley”, y “ya dictaron un pedido de captura y lo busca Interpol mediante alertas rojos”.
“De ser cierto este trascendido podríamos encontrarnos ante una vergonzosa situación institucional frente a la que no encontramos como familia, sin justificación alguna”, agregó Lucero en su pedido. Luego agregó que “en su momento intervino el TSJ cuando declararon inadmisible la impugnación extraordinaria interpuesta por los Imputados y la condena quedó firme y se inició su ejecución”.
Según Lucero, recién en 2047 se cumpliría el plazo para que Ruiz Herrera pueda obtener su libertad condicional. Sin embargo, en junio de 2021 salió libre y se escapó a Chile.
“Nadie imagina el dolor que nos causa esta situación, que vuelve a afectarnos como víctimas de uno de los peores hechos que nos hubiera podido ocurrir, como es que asesinen a un miembro de nuestra familia. Es por ello, en atención a los derechos que ostentamos como víctimas de este cruel homicidio, al derecho a la ciudadanía que exista un esclarecimiento de lo que aquí sucedió, y a que esta situación no quede impune y los responsables asuman sus consecuencias, es que peticionamos que de manera urgente se disponga de una investigación disciplinaria y se nos notifique sobre sus avances”, señaló el abogado en nombre de la familia de la víctima.
El otro condenado a perpetua, Emilio Ruiz Baldevenito, está próximo a cumplir los 70 años de edad, por lo que en su caso sí podría comenzar a tramitar el régimen de salidas transitorias.
Qué dice la Ley
La Ley de Ejecución Penal (24660), en su artículo 11 bis establece que “La víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:
a) Salidas transitorias
b) Régimen de semilibertad
c) Libertad condicional
d) Prisión domiciliaria
e) Prisión discontinua o semidetención
f) Libertad asistida
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El asesinato del policía
El asesinato del policía Garro ocurrió el 5 de octubre de 2014 en una toma de la localidad de Añelo.
Ese día, Garro integraba una patrulla que acudió a ese lugar para sofocar un “disturbio”. Cuando pateó la puerta de una vivienda para ingresar, fue recibido a balazos desde el interior. Fueron tres los disparos en su contra, pero uno sorteó el chaleco antibalas e ingresó por su axila, lo que le provocó la muerte casi de manera instantánea.