En una nueva audiencia sobre la asociación ilícita estatal que realizaba estafas con planes sociales, el Ministerio Público Fiscal resolvió volver a prorrogar la investigación. En esta ocasión, el nuevo plazo es por 2 meses. Según anticiparon, buscan avanzar con el requerimiento del inicio del juicio.
La solicitud fue por parte del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien estuvo acompañado por el equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos integrado por el fiscal Juan Narváez y la asistente letrada Tanya Cid. En caso de que este nuevo plazo sea el último, la investigación -que comprendió a más de 30 personas- habrá demandado 1 año y 10 meses desde que inició.
Por otra parte, Cid señaló que desde la última prórroga (28 de noviembre de 2023) se recibió toda la información bancaria, como así también apuntó que el resto de las pericias están bastante avanzadas: en el caso de las pericias caligráficas y la apertura de los dispositivos electrónicos, en un 95%; y en cuanto a las pericias contables, en un 90%.
Uno de los defensores pidió que la nueva prórroga sea por 4 meses; mientras, otro adelantó que pedirá otra prórroga cuando finalice la investigación. En este sentido, Vignaroli anticipó que la fiscalía se va a oponer a cualquier solicitud de éstas características, ya que implicaría dilaciones en el proceso. A su vez, apuntó que toda la información ya está a disposición de las defensas, ya que uno de los defensores dijo que querían analizar la información producida una vez culminada la investigación. “Incluso se dispuso en la mesa de entradas un servidor exclusivo para esta causa, para que quienes quieran acceder a la información que se va produciendo, puedan hacerlo”, manifestó el fiscal jefe.
La jueza de garantías Estefanía Sauli hizo lugar a la prórroga de 2 meses. De esta manera, a fines de septiembre se volverá a resolver si la investigación concluye o ya inicia la etapa del juicio.
En total, hay 27 personas imputadas por integrar la asociación ilícita en cinco niveles distintos de responsabilidad. Entre los imputados, hay cinco funcionarios de alto rango señalados como líderes, y que se habrían quedado con $153.377.900 de la administración pública. Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, es el único de los acusados en la causa que cumple detención domiciliaria; Los otros imputados, son el exdirector general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y el responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, quienes también están imputados como jefes de una asociación ilícita, permanecen en prisión preventiva.