La historia parecía cerrada. Ocho años después del trágico 1 de enero de 2016, cuando un gigantesco roble pellín cayó sobre una familia en el camping Lolen del Parque Nacional Lanín y provocó la muerte de Martina Sepúlveda, de 2 años, y Matías Mercanti Aguilera, de 7, la Justicia había absuelto a los seis imputados. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a abrir el expediente y ordenó que el caso sea juzgado otra vez.
La decisión del máximo tribunal, que rechazó los recursos de queja presentados por las defensas, deja firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado las absoluciones dictadas en Neuquén. Así, cuatro guardaparques y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca deberán enfrentar un segundo juicio oral y público.
Un día de verano que terminó en tragedia
El hecho ocurrió el 1 de enero de 2016, en el sector del camping Lolen, sobre la bahía Catritre, a orillas del lago Lácar. Mientras decenas de familias disfrutaban del feriado bajo la sombra de los árboles centenarios, uno de ellos —un roble pellín de gran porte— se desplomó sin previo aviso.
El tronco cayó con violencia sobre una carpa familiar. Martina, de apenas dos años, y Matías, de siete, murieron en el acto. Su padre, Federico Mercanti, y su abuela, Carmen Rey, sufrieron graves lesiones, al igual que otros visitantes del camping que resultaron heridos.
Los acusados y los cargos
La investigación penal derivó en la imputación de seis personas. Cuatro de ellas son funcionarios de la Administración de Parques Nacionales (APN):
Matías Iván Encina, coordinador zonal de Guardaparques.
Diego Luis Lucca, jefe del Departamento de Guardaparques.
Juan Ignacio Jones, jefe del Departamento de Conservación y Manejo.
María Mercedes Hileman, jefa del Departamento de Usos Públicos.
A ellos se sumaron Milena Cheuquepán y Juan Delgado, integrantes de la comunidad Curruhuinca, encargada de la administración del camping.
Los funcionarios enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones graves y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que los miembros de la comunidad mapuche fueron acusados de homicidio culposo y lesiones graves.
El primer juicio y la absolución
El 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Neuquén absolvió a todos los acusados. Los jueces Alejandro Cabral, María Paula Marisi y Pablo Díaz Lacava entendieron que no existía una norma específica que obligara a los guardaparques a controlar el estado de los árboles, y que los hechos de la naturaleza eran “imprevisibles”.
“Nadie puede prever la hora de la muerte de un ser vivo”, sostuvo en su voto el juez Cabral, quien además señaló que los funcionarios no podían ser responsabilizados “a menos que existiera una norma concreta” que estableciera su obligación de revisar los árboles del predio.
El fallo fue recibido con indignación por las familias de las víctimas y cuestionado por la Fiscalía, que consideró que el peligro era evidente y que el estado del árbol se podía advertir a simple vista.
La apelación y la intervención de la Corte
El fiscal Miguel Palazzani apeló el fallo y logró que la Cámara Federal de Casación Penal anulara las absoluciones y ordenara un nuevo juicio. “Con sólo ver las fotos sobre el estado de los árboles, no hacía falta ser especialista para advertir el riesgo de caída”, había argumentado.
Casación entendió que el tribunal neuquino confundió previsibilidad con certeza, y que omitió analizar el deber objetivo de cuidado de los imputados. Con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani, y la disidencia de Ángela Ledesma, el tribunal ordenó que la causa volviera a juicio.
Las defensas de Hileman y Encina acudieron entonces a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó sus recursos, al considerar que la resolución no era definitiva. De esta manera, el camino quedó despejado para que el caso sea revisado nuevamente.
Un juicio que promete volver a sacudir Neuquén
Con esta decisión, la tragedia del camping Lolen volverá a ser analizada en los tribunales federales de Neuquén. A casi una década del hecho, la causa sigue abierta y la Justicia tendrá una nueva oportunidad para determinar si existió responsabilidad penal en la falta de controles sobre el arbolado del parque.
La pregunta que volverá a resonar en la sala es la misma que atormenta desde 2016 a las familias de Martina y Matías: ¿era una tragedia inevitable o un desastre que pudo haberse evitado?
