El Tribunal de Impugnación resolvió este martes por unanimidad autorizar la formulación de cargos contra cinco personas que habrían intentado usurpar un terreno municipal en la localidad de Aluminé. La decisión revocó una resolución anterior de la jueza de garantías Leticia Lorenzo, quien en septiembre había rechazado el pedido del fiscal Marcelo Jofré para acusar a los imputados por el delito de usurpación clandestina.
El fiscal había presentado una denuncia contra los cinco implicados, señalando que el 31 de mayo de este año, después de las 14, estos individuos, junto a otras personas, ingresaron de forma ilegítima a una parcela de la municipalidad de Aluminé, ubicada en la manzana 27, chacra La Esperanza. En dicho terreno, los acusados colocaron postes, varillas, cintas, toldos y alambres con el fin de delimitar parcelas, de manera clandestina y en ocultación de la posesión que legalmente le corresponde a la municipalidad.
A través de esta conducta, los imputados habrían despojado a la comuna de Aluminé de su derecho sobre la propiedad, una maniobra que, según el fiscal, aún persiste. Por esta razón, se les atribuye el delito de usurpación clandestina, una modalidad que implica la ocupación de un bien ajeno sin que el titular pueda repeler o conocer el acto de despojo.
En su impugnación, el fiscal argumentó que la resolución de la jueza de garantías carecía de sustento en cuanto a la interpretación de la "clandestinidad" como un requisito esencial para avanzar en la acusación. Según el Tribunal de Imputación la magistrada había adoptado un criterio restrictivo en cuanto a la clandestinidad, interpretando que esta se limita a acciones secretas o nocturnas. Sin embargo, el Tribunal destacó que, según la jurisprudencia vigente, la clandestinidad no se restringe a estos factores, sino que implica la imposibilidad para el titular de la propiedad de conocer o impedir la ocupación.
El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Federico Sommer, Patricia Lupica Cristo y Liliana Deiub, argumentó que el recurso del fiscal involucraba un "acto procesal importante" que causaba un agravio "de imposible reparación ulterior". En consecuencia, declararon admisible la impugnación y habilitaron la acusación, subrayando que la etapa preparatoria debe garantizar que los imputados puedan ejercer su derecho de defensa, algo que, según los jueces, aún no ocurría, ya que no había una acusación formal.
Esta decisión significa que el fiscal podrá ahora solicitar una nueva audiencia ante otro juez de garantías, lo que permitirá avanzar con la investigación y, eventualmente, con el proceso judicial contra los acusados.
El caso de usurpación se remonta a finales de mayo, cuando los imputados habrían planificado y ejecutado, en conjunto con otras personas, la ocupación del terreno perteneciente a la municipalidad. La denuncia subraya que los actos de usurpación fueron realizados con total ocultamiento de los mismos, impidiendo que las autoridades municipales pudieran actuar a tiempo para evitar el despojo.
El fiscal Jofré y el abogado querellante, que representa al municipio de Aluminé, celebraron la decisión del Tribunal de Impugnación, considerando que esta permitirá avanzar en la búsqueda de justicia y la restitución de la posesión del terreno usurpado.
Este fallo marca un avance significativo en la lucha contra las usurpaciones ilegales en la región, que han generado preocupación en diversas localidades, y refuerza la necesidad de garantizar los derechos de los propietarios en el marco del Estado de Derecho.
