En una audiencia cargada de tensión judicial, el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco lograron que la Justicia prorrogara la prisión preventiva de S.C., una mujer acusada en tres investigaciones simultáneas por delitos que incluyen narcotráfico, abuso de armas e instigación de un homicidio. Pero el dato más alarmante —y decisivo para la continuidad de su detención— fue la maniobra detectada mientras cumplía arresto domiciliario: habría ofrecido dinero, armas y un vehículo para matar a la fiscal que la investigaba.
El juez de garantías Diego Chavarría Ruiz convalidó el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y extendió la prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2026, fecha en la que comenzarán los juicios tras la feria judicial.
S.C. está imputada por hechos cometidos en Plaza Huincul: homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de instigadora, tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizadora y abuso de armas.
Según explicaron los fiscales, los riesgos procesales que motivaron su detención “no solo siguen presentes, sino que se consolidaron” con el avance de las investigaciones y nuevas evidencias.
Desde la primera solicitud de medidas cautelares, en junio, se señaló que la acusada tiene una alta expectativa de pena, solvencia económica vinculada a movimientos de dinero y bienes, y falta de arraigo laboral. Ese combo —sostuvo Liotard— configura un peligro de fuga contundente.
Inicialmente, la jueza Laura Barbé había dispuesto prisión domiciliaria. Sin embargo, esa medida se derrumbó días después: durante su estadía en la vivienda, S.C. habría intentado contratar a alguien para asesinar a la fiscal que lideraba la causa. Tras ese episodio, se le impuso prisión preventiva en una unidad carcelaria.
Una condena federal y nuevas pruebas en los teléfonos
En la audiencia, Liotard sumó otros elementos: una condena federal reciente contra la imputada por infracción a la ley de estupefacientes y el análisis de celulares secuestrados, donde se detectaron maniobras de organización y distribución de droga “en volúmenes relevantes”.
El fiscal jefe advirtió que, en libertad, S.C. podría influir sobre testigos, coordinar actividades ilícitas o interferir en el desarrollo del juicio. También puntualizó que el domicilio ofrecido por la defensa en Zapala para retomar la prisión domiciliaria “no garantiza condiciones mínimas de seguridad”. “Los fundamentos que dieron lugar a la prisión preventiva no solo se mantienen: hoy son más sólidos”, remarcó.
Tras escuchar a las partes, el juez Chavarría Ruiz resolvió extender la detención por cuatro meses más, hasta el 15 de febrero, al considerar que la medida es “proporcional, razonable y necesaria” para asegurar el desarrollo de los juicios.
Otros imputados y una investigación en curso
Antes de resolver sobre S.C., la fiscalía detalló que en la causa por narcotráfico aún restan medidas clave: una pericia contable y el informe final del análisis de tres teléfonos, a cargo de la División Antinarcóticos. Por eso se pidió prorrogar el plazo de investigación hasta la misma fecha, lo que fue aceptado por todas las partes.
En contrapartida, la fiscalía no solicitó extender las cautelares sobre los otros imputados —M.G.A., T.L.A., G.L.M. y A.V.— y adelantó que trabajará en salidas alternativas al juicio. A pedido de la defensa pública, el juez dispuso además el cese de la prisión domiciliaria para A.V.
La causa avanza con múltiples aristas y un expediente que sigue creciendo, mientras la principal acusada continuará tras las rejas a la espera de un febrero que será decisivo.
