Una violenta secuencia ocurrida a comienzos de noviembre en Centenario derivó en múltiples acusaciones penales. En una audiencia de formulación de cargos realizada el sábado pasado, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto a los asistentes letrados Pablo Jávega y Agustina Jarry, imputaron a tres hombres por diferentes delitos: desde una balacera contra un adolescente hasta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho más grave ocurrió el 1 de noviembre, en las inmediaciones de calles Natalio Burd y Gabriela Mistral. En ese lugar, E.V.S. y otro hombre que permanece prófugo atacaron a un adolescente, mientras que un tercer acusado, L.E.M., le arrojó piedras durante la agresión.
Según describió la fiscal Inaudi, los atacantes dispararon con armas de fuego contra el joven, provocándole lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. Además, durante el violento episodio, efectuaron disparos hacia familiares de la víctima que intentaron intervenir, aunque sin lograr lesionarlas.
En el marco de la investigación, personal policial realizó un allanamiento en la vivienda de E.V.S., ubicada en el barrio Bella Vista, donde secuestraron un arma de fuego que, tras los peritajes correspondientes, resultó apta para el disparo.
Por estos hechos, E.V.S. fue acusado por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego.
Durante la misma audiencia, el asistente letrado Pablo Jávega, de la Fiscalía de Narcocriminalidad, formuló cargos contra L.J.B. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa se originó en los allanamientos vinculados al ataque al adolescente, durante los cuales la policía secuestró en la vivienda de L.J.B. 46 gramos de cocaína fraccionada en 18 envoltorios, 92 gramos de cannabis, dos balanzas de precisión, una bolsa de creatina usada como elemento de corte, $902.500 en efectivo y anotaciones con registros de ventas.
Por su parte, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió admitir las formulaciones de cargos contra E.V.S. y L.J.B., pero rechazó la acusación contra L.E.M., al considerar que arrojar piedras no configuraba un delito penal.
En cuanto a las medidas de coerción, la fiscal Inaudi solicitó para E.V.S. prisión domiciliaria con monitoreo electrónico por cuatro meses, debido al riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, mientras que Jávega pidió prisión preventiva por el mismo plazo para L.J.B., ante el peligro de que no se someta al proceso judicial.
El juez avaló ambos pedidos, por lo que los imputados permanecerán bajo las medidas dispuestas mientras continúa el proceso de investigación.
