Lo que empezó como una discusión por un curso de agua terminó en un episodio de violencia de género, brutal, químico y cobarde. Un hombre, acompañado por dos personas que realizaban tareas en un complejo, desvió una acequia hacia un terreno lindero. Pero cuando fue increpado por una mujer que lo enfrentó en el lugar, respondió con lo impensado: la roció con glifosato. Un herbicida no selectivo de amplio espectro, veneno que está especificamente prohibido por ordenanza municipal en todo el ejido urbano de Bariloche.
La escena, digna de una película de terror rural, dejó a la víctima con lesiones graves. No solo una reacción alérgica dérmica generalizada, sino también síntomas respiratorios irritativos y un cuadro de estrés postraumático que le alteró la vida cotidiana. El veneno no solo quemó su piel: se metió en su rutina, en su psiquis, en su derecho a vivir sin miedo.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 12 de marzo de 2024 cuando un hombre, acompañado por otras dos personas que se encontraban realizando tareas en un complejo turístico, desvió un curso de agua hacia un terreno lindero. Luego fue increpado por la víctima en el lugar a quien roció intencionalmente con un líquido compuesto por glifosato, producto cuyo uso se encuentra prohibido dentro de la ciudad de Bariloche.
Pero el caso no quedó en el olvido. Durante la audiencia de control de acusación, la fiscalía mantuvo la calificación legal y presentó una batería de pruebas que no deja lugar a dudas. Certificados médicos, informes del Cuerpo Médico Forense, pericias psiquiátricas, actas policiales, denuncias en la Comisaría de la Familia, registros fotográficos y hasta pericias químicas del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) que confirmaron la presencia de glifosato en la sustancia utilizada.
Como si todo eso fuera poco, también se incorporaron informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que acreditan la situación de violencia de género, llamados al 911 y documentación sobre la ordenanza que prohíbe el uso de ese tipo de plaguicidas. En otras palabras: el ataque fue ilegal, violento y con perspectiva de género.
La querella se sumó al planteo fiscal y aportó más pruebas para el debate. El defensor público penal, por su parte, intentó frenar la incorporación de uno de los elementos, pero aceptó el resto por no afectar su teoría del caso. Traducción: no pudo negar lo evidente.
La jueza de juicio no dudó. Admitió la acusación fiscal por lesiones graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia hacia la mujer y mediante la utilización de un veneno, La causa va hacia juicio oral que se desarrollará ante un tribunal colegiado.
