La justicia neuquina ordenó este lunes que Ramiro Fabián Fernández comience a cumplir su condena de 4 años y 6 meses de prisión, tras confirmarse la sentencia que lo declaró responsable de una serie de estafas inmobiliarias cometidas en Villa La Angostura por un monto cercano al millón de dólares. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Ignacio Pombo, luego de que el Tribunal de Impugnación ratificara el fallo de un tribunal colegiado y se alcanzara el doble conforme, requisito indispensable para avanzar con la detención efectiva.
El pedido de detención había sido formulado por el fiscal del caso Adrián De Lillo y el funcionario de fiscalía Gustavo Vázquez, quienes solicitaron que Fernández fuese constituido como detenido y trasladado a una unidad de detención para comenzar a cumplir la pena.
Una condena discutida, pero ya firme
La pena había sido fijada en julio por un tribunal colegiado integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Maximiliano Bagnat y Federico Sommer, quienes además dispusieron una inhabilitación profesional por el doble del tiempo de la condena para administrar bienes o realizar operaciones inmobiliarias.
En aquella audiencia, la fiscalía y la querella habían pedido penas más altas: 7 años y 6 meses, solicitados por De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós, y 12 años, pedidos por la querella. Mientras que la defensa reclamó una condena mínima de 1 año y 6 meses. Finalmente, la discusión quedó saldada con el fallo del tribunal colegiado, ahora ratificado.
Los delitos: una trama sistemática de estafas inmobiliarias
Fernández aceptó su responsabilidad penal mediante un acuerdo entre las partes. Fue condenado como autor de: 36 hechos de estafas (34 inmobiliarias y 2 financieras) y 3 hechos de desbaratamiento de derechos acordados. Todo ello en concurso real, según los artículos 173 inciso 11, 45, 172 y 55 del Código Penal.
El caso, sin embargo, fue dinámico y complejo. Originalmente, en la formulación de cargos del 8 de marzo de 2024, se le atribuyeron 45 hechos de estafa, cometidos entre 2017 y 2023, por un valor inicial estimado en 1,2 millones de dólares.
A pedido de la fiscalía, el expediente fue declarado de complejidad y el plazo de investigación se extendió sucesivamente.
Con el avance de la prueba, especialmente boletos de compraventa y escrituras, la fiscalía reformuló los cargos en diciembre de 2024, elevando la imputación a 49 hechos. Finalmente, en febrero de este año, tras procesar toda la evidencia, se estableció el número definitivo: 39 hechos, por los cuales Fernández aceptó su responsabilidad y fue condenado.
Cómo operaba la maniobra delictiva
Las estafas se ejecutaron bajo tres modalidades comisivas, todas vinculadas a la comercialización fraudulenta de unidades funcionales en un loteo de Villa La Angostura:
- Venta duplicada de lotes: ofrecía unidades funcionales y, al firmar los boletos de compraventa, colocaba nomenclaturas catastrales que correspondían a otros lotes ya vendidos. En algunos casos, llegó a revender un mismo terreno más de una vez.
- Unidades inexistentes: firmaba boletos con nomenclaturas de lotes que no existían dentro del desarrollo inmobiliario.
- Venta sin ser propietario: comercializaba unidades sobre las que no tenía dominio ni facultad legal para operar, careciendo incluso de poderes para realizar las operaciones.
El perjuicio económico total se estima en alrededor de 1 millón de dólares, afectando a decenas de víctimas que creyeron adquirir terrenos o unidades funcionales en la región.
El paso final: prisión efectiva
Con la confirmación del Tribunal de Impugnación, la condena quedó firme y el juez Pombo ordenó la detención inmediata. Fernández será alojado en una unidad de detención, donde comenzará a cumplir su pena.
Para el Ministerio Público Fiscal, la decisión constituye un paso clave en un expediente que requirió extensas reformulaciones, trabajo pericial sobre documentación inmobiliaria y el testimonio de múltiples damnificados.
