Una maniobra bajo sospecha
La investigación por una presunta defraudación al municipio de Andacollo avanza con fuerza. El fiscal Fernando Fuentes, a cargo del caso, confirmó que la maniobra denunciada por el intendente Manuel San Martín podría superar los 50 millones de pesos. Las personas implicadas serían Eduardo Zenteno, actual secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, un funcionario de apellido Leiva, a cargo de Zenteno, y Carlin Vázquez, propietario de un corralón que fue allanado, del que se sospecha generar facturas truchas. La estafa superaría los 50 millones de pesos, en un poblado que supera los dos mil habitantes por poco.
“La Fiscalía investiga una presunta maniobra de defraudación que denunció el intendente por un monto que supera los 50 millones de pesos”, señaló el fiscal en diálogo con Pancho Casado, en "La Primera Mañana", por la AM550.
La causa comenzó luego de que el jefe comunal detectara maniobras sospechosas en la facturación de obras, con dos funcionarios de su propia gestión involucrados.
Allanamientos y resultados positivos
Fuentes explicó que el viernes pasado se realizaron cinco allanamientos en distintos puntos de la localidad, entre ellos un corralón, un galpón y domicilios particulares.
“Fuimos a buscar cosas vinculadas a este tipo de hechos: facturas, tickets, dispositivos electrónicos, discos, pendrives, etc. Fue positivo: en cuatro de los cinco se consiguieron estos elementos”, detalló.
Durante los procedimientos secuestraron documentación y dispositivos que serán enviados al Departamento de Análisis Forense Informático de la Policía del Neuquén para su peritaje.
“En la vivienda de uno de los funcionarios no hubo nada particularmente llamativo ni obvio”, agregó el fiscal.
Funcionarios separados de sus cargos
El intendente San Martín resolvió separar de sus cargos a los dos funcionarios señalados, mientras avanza la investigación.
“Separaron de cargos, adelantó el intendente, por decreto y licencia por 30 días”, precisó Fuentes.
Los funcionarios identificados son el jefe de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Zenteno, y su segundo, Leiva.
Cómo operaba la maniobra
El fiscal explicó que una de las irregularidades detectadas fue la facturación excesiva de horas de maquinaria en obras públicas.
“llamaba la atención las máquinas facturadas en función de la obra que se hacía. En un caso concreto, por entrevistas, una obra debería haber durado entre tres y cinco horas de máquina y se facturaron 50 horas”, relató Fuentes.
Además, detalló que las tareas habían sido aportadas por una empresa como donación al municipio, pero las facturas aparecían emitidas por otro proveedor.
“Una empresa prestaba máquinas para hacer la obra y otra la mano de obra. El corralón tiene alquiler de maquinaria, y las facturas son del corralón”, indicó.
Un pueblo chico, una causa enorme
La investigación involucra a tres personas: los dos empleados municipales y el empresario Carlin Vázquez, dueño del corralón allanado, quien había sido intendente en un pueblo cercano y perdió las últimas elecciones por un voto.
“La hipótesis es de estafa por administración infiel, un delito con escala amplia hasta seis años de prisión efectiva”, precisó el fiscal.
Mientras los peritos analizan la documentación secuestrada, la causa se mantiene bajo reserva. En una localidad de apenas 2.500 habitantes, el caso genera conmoción y un fuerte reclamo de transparencia.
