El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó una pena de 9 años de prisión para Beatriz Esther Cayún, quien fue declarada penalmente responsable del delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de su pareja, José Emiliano Catricura, ocurrido el 10 de febrero de 2024 en San Martín de los Andes. La audiencia de cesura, realizada ante un tribunal colegiado, tuvo lugar en los últimos días y la fiscalía argumentó que la gravedad del hecho justifica la pena solicitada.
De acuerdo con la acusación, el fatal incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en la vivienda donde convivían la imputada y la víctima. Ese día, después de participar en una reunión con otros miembros de la comunidad mapuche a la que pertenecen, Cayún y Catricura discutieron al regresar a su hogar.
En medio de la disputa, la mujer arrojó nafta sobre el suelo y encendió un fósforo, provocando un incendio que se expandió rápidamente. La explosión resultante atrapó a Catricura, quien intentó escapar por una salida trasera, pero sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Horas después, falleció en el hospital local debido a la gravedad de sus heridas.
Cayún también resultó lesionada en el incendio, pero su estado no fue tan grave como el de su pareja. El tribunal calificó el hecho como "incendio seguido de muerte".
Solicitud de pena y agravantes
Durante su alegato, el fiscal Ávila recordó que el mínimo legal para el delito de incendio seguido de muerte es de ocho años, pero solicitó que se impusiera una pena de nueve años debido a las circunstancias agravantes del caso. Entre ellas, destacó la destrucción de la vivienda familiar, el sufrimiento y la muerte de la víctima, el riesgo generado para el hijo menor de ambos, así como la acción realizada en un contexto de alta sensibilidad comunitaria respecto al fuego.
"Lo que está claro es que Beatriz no estaba inmersa en un círculo de violencia. No era rehén de una situación que la condicionara a actuar como lo hizo, ni su accionar quedó menos reprochable por ello", comentó el fiscal jefe, haciendo hincapié en que, a pesar de no tener antecedentes penales, la acusada actuó de manera consciente y deliberada.
Postura de la defensa
Por su parte, la defensa de la acusada adoptó una postura contraria a la solicitud del fiscal. En su intervención, los abogados pidieron que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto para el delito y que, en lugar de nueve años, se impusiera una pena de tres años de prisión en suspenso, argumentando que la acusada había sufrido una lesión durante el incendio y no tenía antecedentes penales previos.
El futuro del caso
La audiencia de cesura se desarrolló ante los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz, quienes anunciaron que deliberarán en sesión privada. En los próximos días, los magistrados fijarán la fecha para comunicar la pena definitiva, lo que marcará el cierre de un proceso judicial que ha tenido un profundo impacto en la comunidad mapuche y en la familia de las víctimas.
