La defensora oficial Mariana Serra presentó un pedido formal de libertad para tres de los detenidos por el crimen de Julián Dobra. Solicitó la revisión y volvió a criticar la formulación de cargos, encabezada por la jefa de fiscales Belén Calarco y el fiscal del caso, Marcelo Ramos. Argumentó que la acusación carece de los requisitos legales necesarios para sostenerse.
Ante el juez Emilio Stadler, quien deberá revisar el planteo, Serra solicitó la revocatoria de lo resuelto en la audiencia anterior y el cese de la prisión preventiva. Según expuso, sus defendidos no han podido ejercer plenamente su derecho a defensa, ya que la imputación es "vaga e imprecisa" y no existen elementos de convicción suficientes para justificar las acusaciones.
La defensora enfatizó que la prueba presentada por la fiscalía no detalla con claridad el grado de participación de los acusados en el crimen. "Se está deteniendo para investigar, cuando debería ser al revés", sostuvo en su alegato. Además, cuestionó la validez de los riesgos procesales argumentados por la fiscalía como fundamento para la prisión preventiva. Remarcó la ausencia de pruebas concretas que justifiquen la medida.
En función de lo expuesto, Serra reclamó la liberación inmediata de los tres imputados. Como alternativa, pidió que se les impongan medidas sustitutivas, como presentaciones periódicas ante fiscalía o comisaría. En última instancia, propuso que, de mantenerse la detención, esta se lleve a cabo bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Dado que en la causa también están implicados dos menores de 16 y 17 años, el juez Stadler accedió al pedido de las partes y dispuso que la audiencia se realizara a puertas cerradas. Cabe recordar que los detenidos, identificados como Leandro Navarro, Walter Méndez y Julio César Salgado, fueron vinculados al caso luego de que la fiscalía lograra la prisión preventiva en la audiencia del 9 de mayo. Si bien Calarco y Ramos señalaron que los acusados fueron las últimas personas en tener contacto con Dobra, no pudieron precisar el rol específico de cada uno en el crimen. Además, uno de los menores habría estado manejando el Suzuki Fun rojo que apareció calcinado tres días después del hallazgo del cuerpo, el 30 de abril.
La revisión de estos planteos quedará en manos del juez Stadler, quien deberá decidir si los argumentos de la defensa son suficientes para modificar la situación procesal de los imputados.