En un caso que expone crudamente la vulnerabilidad de la privacidad digital, un joven acusado de robar y reenviar imágenes íntimas fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba. Aunque enfrentaba cargos con implicancias penales graves, evitó una condena efectiva gracias a un acuerdo judicial que incluye, entre otras medidas, su asistencia a un curso de masculinidades y tratamiento psicológico obligatorio.
El hecho tuvo su origen cuando el joven accedió sin permiso a la computadora de un conocido. Dentro del dispositivo encontró archivos privados -fotos y videos de carácter íntimo del propietario junto a su pareja- que, en lugar de respetar, decidió reenviar sin el consentimiento de las personas involucradas.
La circulación de las fotos y videos se volvió imparable: fue justamente una amiga de la mujer retratada quien, al recibir las imágenes, le informó lo sucedido. La víctima, al conocer el alcance de la vulneración, radicó una denuncia que derivó en la apertura de una causa penal por violación de secretos y de la privacidad.
Durante la investigación, se ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado. En su teléfono celular se hallaron otros archivos digitales cuya naturaleza agravó aún más su situación judicial. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los cargos iniciales, los delitos imputados no preveían penas de cumplimiento efectivo, lo que permitió que las partes avanzaran hacia una salida alternativa.
Así, el joven logró evitar una condena judicial más severa mediante una suspensión de juicio a prueba, figura legal que contempla la posibilidad de no avanzar hacia un proceso oral a cambio del cumplimiento estricto de ciertas condiciones. Durante un año, deberá asistir y aprobar un curso de masculinidades bajo supervisión judicial.
Como parte del acuerdo, la víctima recibirá una compensación económica destinada a cubrir su espacio terapéutico y se le restituirá la computadora que había sido secuestrada durante la investigación.