El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza con la implementación de la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, que impulsa un modelo de seguridad más eficiente, descentralizado y participativo, adaptado a las realidades territoriales.
La normativa establece la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (CPSC) y de siete Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana (CRSC), con el objetivo de fortalecer la prevención del delito mediante un trabajo conjunto entre múltiples actores del ámbito público y social.
Los Consejos Regionales tendrán a su cargo la elaboración de diagnósticos regionales, la construcción de cuadros de riesgo delictivo y la formulación de estrategias preventivas específicas para cada región, conforme a lo establecido en la Ley 3480, que divide al territorio provincial en siete regiones.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que esta iniciativa “representa un cambio profundo en la manera en que concebimos la seguridad en la provincia. Apunta a la prevención, a la planificación con base territorial, y al trabajo en red entre municipios, fuerzas de seguridad, justicia y ciudadanía”.
Si bien la ley ya fue promulgada, todavía se encuentra en proceso de reglamentación, que debe completarse en un plazo máximo de 90 días, según lo estipulado en el artículo 17. No obstante, ya se iniciaron trabajos de articulación con gobiernos locales y otras instituciones para garantizar una implementación efectiva.
Los CRSC estarán integrados por intendentes, representantes del Ministerio de Seguridad, la Policía del Neuquén, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los concejos deliberantes locales. Tendrán carácter consultivo y de asesoramiento, y podrán impulsar reformas legislativas, articular acciones interjurisdiccionales y promover iniciativas conjuntas en seguridad.
La ley también abre la puerta a la participación de organizaciones sociales, ONG, cámaras empresariales, juntas vecinales y universidades, fomentando una mirada interdisciplinaria y la participación ciudadana en la toma de decisiones. “La seguridad no puede pensarse solo desde lo policial. Necesitamos sumar otras miradas y saberes, el rol de las organizaciones de la sociedad civil será clave”, agregó Nicolini.
En línea con una política de eficiencia en el uso de recursos públicos, se estableció que los consejos funcionarán en espacios públicos existentes como escuelas o centros comunitarios, y que sus integrantes trabajarán ad honorem, es decir, sin cobrar remuneración.