De la detención domiciliaria al “trabajo seguro”
Mientras cientos de familias esperan respuestas ante fraudes y abusos de los programas sociales, uno de los principales imputados por la estafa millonaria, Néstor Pablo Sanz, fue beneficiado con salidas laborales. La decisión la tomó el juez de garantías Luis Giorgetti, quien consideró que la situación familiar del acusado justificaba la medida.
Sanz seguirá con detención domiciliaria, con tobillera electrónica y geolocalización permanente, pero podrá trabajar tres horas al día en un comercio cuyo dueño se comprometió a transportarlo de ida y vuelta.
Millones en juego, privilegios en la práctica
El caso en el que está imputado Sanz involucra más de 150 millones de pesos de planes sociales que nunca llegaron a los beneficiarios reales. A pesar de esto, la justicia permitió que uno de los acusados mantenga una rutina laboral fuera de su domicilio mientras la investigación sigue su curso.
La fiscalía, que ya anunció que pedirá la revisión de la medida, advirtió que la resolución aún no está firme. Sin embargo, la indignación es palpable: mientras los afectados por estafas esperan respuestas y justicia, los imputados gozan de beneficios que parecen ajenos a la gravedad del delito.
Controles y medidas
El trabajo será controlado: tres horas diarias, de lunes a viernes, con traslado asegurado por el propietario del comercio. Según la justicia, estas salidas no incrementan el riesgo de entorpecer la causa.
Aun así, la decisión genera un fuerte debate sobre cómo se aplican los privilegios judiciales y la sensación de impunidad que percibe la sociedad, sobre todo frente a delitos que afectan directamente a los más vulnerables.
