Las audiencias por la denominada megaestafa con planes sociales avanzan en Neuquén y, con ellas, salen a la luz detalles que hasta hace pocas semanas permanecían bajo estricta reserva. El eje de los últimos testimonios estuvo puesto en dos frentes clave: el contenido de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados y la compleja red de cuentas bancarias, bienes y movimientos financieros que, según la fiscalía, habrían sido parte de la maniobra ilegal.
Durante los allanamientos realizados en distintas dependencias y domicilios, los investigadores incautaron dispositivos móviles que hoy se consideran piezas decisivas. De esos teléfonos, los peritos lograron extraer mensajes, audios, capturas de pantalla y registros de transferencias que, según fuentes judiciales, dibujan con claridad el funcionamiento interno de la operatoria: desde la carga de beneficiarios falsos hasta la coordinación de cobros y transferencias de dinero.
En paralelo, la fiscalía presentó un informe de la Unidad de Análisis Financiero donde se reconstruye la ruta del dinero: cuentas a nombre de familiares, movimientos entre distintas entidades bancarias, depósitos en efectivo y compras de bienes que no se condicen con los ingresos declarados. Entre los hallazgos, se destacan vehículos de alta gama, terrenos en zonas de alto valor y propiedades adquiridas en efectivo.
Uno de los datos que más llamó la atención del tribunal fue el hallazgo de transferencias recurrentes entre las cuentas de los imputados y las de beneficiarios de planes sociales. La hipótesis es que parte de los fondos oficiales se desviaba mediante extracciones rápidas y luego se “blanqueaba” a través de compras o pagos personales.
“En algunos casos, los movimientos bancarios superaban varias veces el sueldo mensual del funcionario”, expuso la fiscalía, señalando que los chats obtenidos de los celulares confirman coordinaciones para el cobro y reparto de fondos, así como advertencias para eludir controles internos.
Los celulares escondían mensajes con instrucciones precisas para retirar dinero en fechas y lugares específicos, audios donde se mencionan “listas de cobro” y reparto de montos, capturas de pantalla de saldos y comprobantes de transferencias y conversaciones sobre cómo eludir inspecciones o auditorías.
Lo que ya está claro es que no se trataba de casos aislados, sino de un esquema aceitado con roles bien definidos y una coordinación que iba mucho más allá de las oficinas públicas.