La decimoquinta audiencia del juicio por la megaestafa con planes sociales en Neuquén dejó mucho más que una larga jornada de declaraciones. Dejó, sobre todo, un cuadro minucioso del funcionamiento interno de la llamada “Caja Azul”, un elemento que durante meses fue considerado un rumor, hasta que la evidencia digital lo puso en el centro de la escena judicial.
El protagonista del día fue el perito Gustavo Rosati, integrante de la división Delitos Económicos de la Policía, quien presentó el resultado del análisis de más de 90 dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación: CPU, notebooks, servidores, pendrives. “En trece de ellos encontramos información directamente vinculada a la maniobra que se investiga”, señaló, abriendo paso a una de las exposiciones más reveladoras del juicio.
Entre ese material aparecieron las planillas de Excel que, según la fiscalía, documentaban el uso de fondos provenientes de los planes sociales para fines ajenos a su objetivo original. Cada archivo tenía dos pestañas: “falta pagar” y “blanqueo”, un formato que —según Rosati— permitía llevar un control paralelo del dinero entregado y pendiente.
“El nivel de registro es llamativo. Son planillas prolijas, con montos exactos, en muchos casos con nombres o apodos que requieren interpretación, pero claramente confeccionadas con el objetivo de mantener un orden interno”, explicó el perito. En los metadatos, el autor figura como Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización y mano derecha del imputado Ricardo Soiza.
Los nombres registrados iban desde personas identificables hasta alias en clave como “Embajador” o “Colombiana”. Los montos, en conjunto, sumaban millones de pesos y abarcaban pagos mensuales a referentes políticos, gastos de combustible, mantenimiento de vehículos, entre otros.
Rosati exhibió un ejemplo concreto: en enero de 2020 se registraron pagos por 1.457.800 pesos. Entre ellos, $400.000 para “Embajador”, $300.000 para “Cristian”. “Son cifras relevantes, que exceden largamente lo que podría considerarse un gasto operativo de un área social”, advirtió el perito.
Uno de los aspectos más polémicos surgió al analizar otra planilla, en la que figuraban anotaciones como “baja-no votó elecciones municipal” o “baja-no votó elecciones generales”, en aparente referencia a beneficiarios que fueron excluidos por no sufragar. “Este registro muestra un control político sobre personas que recibían asistencia social, algo que excede el ámbito administrativo y entra en un terreno de vulneración de derechos”, afirmó Rosati.
La “Caja Azul” no era solo un concepto digital. Según testigos y documentos, el dinero en efectivo se guardaba físicamente en un recipiente de ese color dentro de la oficina de Soiza, ubicada en la calle Rivadavia 44. Desde allí se armaban “paquetitos” de 100.000 pesos o sobres con montos específicos, que luego eran retirados por referentes de distintas localidades.
Rosati expuso varias filminas (posee más de 150) de 13 cadenas de custodia, 12 relacionadas a intercambio de correos electrónicos del grupo denominado “Rivadavia 44 de Neuquén donde funcionaba el ministerio de Desarrollo Social).
El intercambio de correos electrónicos era entre los funcionarios y exempleados del ministerio que daban autorización de los pagos como así también las altas y bajas y el listado completo de beneficiarios.
Vignaroli sostuvo que hay testigos que mencionaron la “Caja Azul” como también documentos que la citan “con personas, módulos de dinero y datos que abonan la hipótesis sobre cómo se manejaba este dinero”.
La fiscalía pidió incorporar al juicio planillas anteriores al período investigado (septiembre de 2020 a julio de 2022), ya que muestran el funcionamiento del mecanismo desde al menos enero de 2020. El fiscal Pablo Vignaroli justificó la medida: “Limitar la información solo a una franja temporal impediría que el pueblo de Neuquén conozca toda la verdad”.
Rosati continuará declarando el lunes y detalló que algunos archivos de la “Caja Azul” habían sido eliminados y debieron recuperarse con software forense, lo que refuerza la hipótesis de que hubo un intento de ocultar información.
El impacto de su testimonio no pasó inadvertido. Para la fiscalía, estas planillas son la “radiografía” de un sistema aceitado para desviar fondos de programas asistenciales hacia la política partidaria y redes de poder.
Lo cierto es que la “Caja Azul” es el símbolo más potente de este escándalo de la megaestafa con planes sociales.