La jueza Julieta Makintach presentó un extenso descargo de casi 30 páginas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a las acusaciones que enfrenta tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
En el documento, la magistrada aseguró que “no hubo filmación prohibida” durante el proceso judicial y que todos los integrantes del Tribunal N°3 estaban al tanto de las grabaciones. Asimismo, indicó que las decisiones respecto a las filmaciones se adoptaron de manera conjunta con sus colegas Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, tanto en reuniones presenciales como a través de chats de WhatsApp.
Las filmaciones fueron o no avaladas, la gran duda
Makintach enfatizó que “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas”, y que las filmaciones fueron conocidas, consentidas y avaladas por todos los miembros del tribunal, incluso comunicadas informalmente en el ámbito institucional.
La jueza también explicó que la presencia visible de una persona entrando y saliendo de la sala con una cámara de gran tamaño fue autorizada y acordada previamente dentro del tribunal, descartando la existencia de alguna “cámara oculta” como se había reportado en algunos medios.
En cuanto a la participación en un posible documental, Makintach aclaró que no promovió ni participó en su realización, ya que la idea fue propuesta por terceros, específicamente Maria Lía Vidal y Juan Emilio. Destacó que nunca se trataron temas relacionados con el debate judicial, sino aspectos vinculados a la búsqueda de justicia frente a circunstancias complejas como la vida y muerte del ícono mundial.
Además, la jueza indicó que solo accedió a conceder una entrevista previa al inicio del juicio, realizada en un día inhábil y dentro del ámbito tribunalicio, a propuesta de una amiga de la infancia, lo cual no afectó su labor judicial diaria.
Finalmente, Makintach sostuvo que no existen evidencias que permitan sostener imputaciones como mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o violación de deberes funcionales. Manifestó que no hay pruebas objetivas ni indicios concretos que fundamenten tales acusaciones.
El escrito de la defensa solicita que se rechace en su totalidad la acusación formulada contra la jueza, que se declare la inexistencia de causales constitucionales para su destitución y que se garantice la continuidad en su cargo. Además, pide reafirmar el compromiso institucional con la independencia judicial, la supremacía del derecho y la protección frente a presiones mediáticas, recordando la reserva del caso federal.
