Una trabajadora de Bariloche logró un fallo a favor después de haber sido despedida en el séptimo mes de embarazo, cuando exigió que su empleador registrara su vínculo laboral. La Cámara Laboral no solo reconoció que el trabajo existía, sino que además ordenó indemnizaciones y sanciones contra el propietario del complejo turístico “Clarita”.
La mujer declaró que limpiaba las cabañas todos los días a la mañana, salvo cuando no había huéspedes, y que cobraba en efectivo bajo recibos con membrete del establecimiento. El conflicto se disparó cuando envió una carta documento para regularizar la relación laboral y notificó formalmente que estaba embarazada.
El dueño del complejo intentó desligarse: sostuvo que la mujer vivía allí por ser pareja de su hijo y que nunca realizó tareas de limpieza. Aseguró que la demanda era una maniobra para perjudicarlo en medio de disputas familiares. Pero los testigos lo dejaron en offside: vecinos y conocidos confirmaron que la veían trabajar cada mañana y que esa actividad era su único ingreso. Incluso un vecino relató que la había buscado en plena jornada de limpieza.
La prueba más fuerte fue un recibo de pago. El empleador lo desconoció, pero una pericia caligráfica le dio el golpe final: la letra y la firma eran suyas. Para el tribunal, ese documento fue la prueba irrefutable de que la mujer cobraba por las tareas de maestranza.
Los jueces fueron duros: destacaron que el trabajo comenzó antes de la convivencia con su pareja y que no había pruebas que avalaran la versión del empleador. Además, consideraron que la negativa a registrar el vínculo y el despido en pleno embarazo configuraron una “injuria grave”.
El fallo ordenó el pago de indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados, multas por empleo no registrado y una compensación especial prevista por la Ley de Contrato de Trabajo para los casos de embarazo. También exigió la entrega de certificados laborales y el pago de intereses hasta cancelar la condena. Aunque la sentencia no está firme y puede apelarse, el mensaje fue claro: la Justicia dejó al descubierto un caso más de precarización laboral y discriminación hacia una mujer embarazada.