El juicio por la megaestafa con planes sociales que sacudió a la provincia de Neuquén sigue dejando al descubierto detalles insólitos. Este lunes, durante la undécima jornada del proceso, un jefe policial que encabezó uno de los principales allanamientos reveló que el entonces director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, operaba desde una oficina improvisada montada sobre el restaurante que dirigía en pleno centro neuquino. El espacio estaba equipado como si fuera una dependencia pública: banderas, pizarra, sellos, computadoras del Estado e incluso un retrato del exgobernador Felipe Sapag.
El testimonio fue brindado por el comisario inspector Martín Van de Genachte, quien por entonces era jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. Según relató, la oficina fue descubierta el 6 de julio de 2023, cuando el restaurante “Faraón”, ubicado en Carlos H. Rodríguez 175, fue allanado en el marco de la investigación. El lugar, cerrado al público ese día, fue abierto por un encargado, ya que Soiza se encontraba detenido en su domicilio particular.
En la planta baja, entre mesas y vajilla, los policías hallaron una caja fuerte con dinero, listados de beneficiarios de planes sociales y un talonario con certificados médicos en blanco, con sello de una clínica privada. Pero la verdadera sorpresa estaba en el primer piso: “Era una oficina ejecutiva”, describió Van de Genachte. Había dos mástiles con las banderas nacional y provincial, un escritorio, sillas, una notebook y CPU con matrícula oficial.
La fiscalía sostiene que Soiza utilizaba ese espacio como centro de operaciones alternativo, desde donde manejaba parte de la estructura que permitió concretar al menos 9.300 estafas, según la acusación.
Otro testimonio relevante fue el del cabo primero Cristian Berdugo, especialista en análisis de imágenes, quien reconstruyó los movimientos de varios imputados a partir de videos de cámaras de seguridad. En ellos se observa a los acusados realizando extracciones sucesivas de dinero con distintas tarjetas de débito en cajeros del Banco Provincia de Neuquén. Las tarjetas pertenecían a beneficiarios de planes sociales, quienes eran obligados a entregarlas bajo la promesa de recibir solo una parte del subsidio.
Berdugo logró identificar a los imputados Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Isabel Montoya y Valeria Honorio operando con múltiples tarjetas. También aparecen en los registros audiovisuales cuatro personas que originalmente habían sido imputadas, pero luego fueron sobreseídas tras declarar como arrepentidos. El informe fue tan concluyente que las defensas pidieron prescindir de otros peritos que iban a reforzar esas pruebas.
Durante la misma audiencia, se recordó el operativo simultáneo realizado el 31 de agosto de 2022 en once domicilios, en el cual se intentó dar con vehículos y equipos electrónicos relacionados con la maniobra delictiva. Van de Genachte admitió que algunos allanamientos no arrojaron resultados, ya que varios de los imputados se habían deshecho de sus teléfonos y computadoras el día anterior, tras recibir advertencias. Sin embargo, menos de diez días después, el abogado Alfredo Cury –también imputado– se presentó espontáneamente con los vehículos que eran buscados por la policía.
Las pruebas contra los acusados incluyen además escuchas telefónicas, documentación médica adulterada, tarjetas bancarias en poder de terceros y computadoras con información oficial, algunas de ellas localizadas en una bodega contigua al restaurante.
La causa comenzó en 2022, tras una alerta del Departamento de Prevención de Fraudes del BPN, y destapó una organización con ramificaciones en distintas áreas del Estado y vínculos con operadores políticos barriales. El juicio continúa, y las declaraciones de los investigadores siguen revelando cómo se tejió una red delictiva que usó estructuras públicas para enriquecerse a costa de los sectores más vulnerables.