La esperada audiencia de control de acusación contra los exintendentes de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, no pasó del primer round. Este lunes, la jueza Alejandra Berenguer abrió la instancia preliminar por la megacausa Techo Digno, pero minutos después decidió postergar el proceso. El motivo: un planteo de Baratti, quien argumentó indefensión ante la ausencia de su abogado de confianza, Rafael Cuchinelli, ocupado en otra audiencia en Tucumán.
En la misma causa también están acusados la contadora municipal Lucila Chiocconi y tres empresarios de peso: Domingo Mocciola, Daniel Zoppi y Arturo Mendiberry (Zigma) Todos enfrentan cargos por administración fraudulenta y peculado. Según la fiscalía, durante la ejecución del programa Techo Digno se desembolsaron fondos millonarios a las constructoras muy por encima del avance real de las obras.
El acuerdo original entre Nación y la Municipalidad, firmado en abril de 2015, contemplaba la construcción de 404 viviendas en cuatro planes. Pero los números no cierran: Zoppi Hnos. habría recibido un 12,58% más de lo que correspondía, ECA S.A. un 14,75%, Mocciola S.A. un 7,57% y Zigma S.A. un 20,56%, siempre en relación al avance físico certificado. La acusación sostiene que los pagos se autorizaban sin control y que se desviaron fondos de la cuenta oficial del Banco Nación hacia otras cuentas municipales.
El fiscal Santiago Gauna Márquez pidió que la audiencia siguiera adelante, advirtiendo que se trataba solo de un inicio de etapa y que la defensa de Baratti no estaba en riesgo. Pero la jueza Berenguer priorizó la garantía de representación legal y decidió suspender. En la práctica, aceptó que el exintendente no enfrentara esta instancia sin su abogado de confianza, aunque ya se le había asignado la defensora oficial Belén Pascal.
Según la acusación inicial, Baratti y, luego, su sucesor Tortoriello “habrían desembolsado montos de pago a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran”.
Por ahora, la causa más resonante de Cipolletti queda en pausa. Pero el expediente sigue cargado de peso político y judicial: dos exintendentes, una contadora y tres empresarios deberán dar explicaciones sobre un plan que debía traer techos dignos y que hoy se ventila en tribunales con sospechas de fraude, desvío de fondos y responsabilidades compartidas.
