A María Eugenia Martini, actual legisladora y presidenta del bloque del Frente de Todos en la Legislatura de Río Negro y ex intendenta de Bariloche, le formularon cargos hoy por "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública -dos hechos- en concurso real e ideal con el delito de uso de documento público falso". Todo relacionado a la construcción de 875 viviendas que financiaba el estado nacional con el programa Techo Digno, durante el segundo mandato de Cristina Fernández.
Pese a las lágrimas de la ex mandataria, que llegó al poder en 2011 y estuvo sólo un periodo a cargo de la intendencia, el juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos contra Martini y contra el empresario Juan Castelli, de Oriente Construcciones (también imputado por el mismo delito en General Conesa y San Antonio).
Ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partícipes necesarios
El relato de los hechos realizado por el fiscal Guillermo Lista detalla que cada uno de los mandatarios locales firmó el acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal. Los intendentes debían “respetar documentación y especificaciones técnicas como declaración jurada, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio” y efectuar la rendición de cuentas para presentarla mensualmente a la Subsecretaría de forma detallada y debidamente documentada que demuestre el uso dado a los fondos”.
El acuerdo los obligaba además a “restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado nacional”. También “debían poner a disposición la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encontraban reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos lo requieran”.
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que "violaron los deberes que les eran impuestos en razón de su cargo y en virtud del citado Convenio y perjudicaron de esta manera los intereses confiados". No solo esto, sino que "ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partícipes necesarios".
Lista sostuvo que en el plan de 376 viviendas, entre abril de 2014 y junio de 2015, la Municipalidad de Bariloche recibió la suma de 117 millones, “parte de la cual fue transferida indebidamente”. En total se transfirió el 98% del costo de la obra que no coincidía con el avance de las obras. El periodo de ejecución era de 24 meses y en apenas 14, se había desembolsado casi todo el presupuesto.
Y para las restantes 495, entre junio y diciembre del 2015, cuando finalizó el mandato de Martini, el municipio recibió 205 millones de pesos y fueron transferidos indebidamente un 82,7% del total de la obra que nunca tuvo un acta de inicio.
El equipo fiscal agregó que “las operatorias referidas se concretaron mediante certificaciones de avance de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la Subsecretaría federal mencionada causando perjuicio al erario público”.
Por su parte Martini cuestionó la imputación e hizo referencia a una causa política. Con lágrimas en los ojos se defendió y aseguró que "jamás dispuse un solo centavo de los fondos en mi provecho".
La suerte de Martini es similar a la de otros seis intendentes peronistas de aquel entonces. El martes pasado acusaron a Luis Ivancich (Godoy), Daniel Belloso (Choele Choel) y Carlos Pilotti (Río Colorado); en tanto que el jueves lo hicieron a Javier Iud (San Antonio), Alejandra Más (Conesa) y Gilberto Montanaro (Cervantes), todos por defraudación a la administración pública.
Hoy la mega causa continuará con acusaciones en los tribunales de Cipolletti, donde están las causas contra el actual diputado Nacional Pedro Dantas (ex intendente de Campo Grande), Liliana Alvarado (actual y ex de Cinco Saltos) y Juan Reggioni (ex Fernández Oro).
La causa Techo Digno estuvo años en el juzgado de Claudio Bonadio, quien no pudo avanzar en las acusaciones a los intendentes y envió los expedientes a la justicia rionegrina que comenzó la semana pasada a acusarlos por defraudación, junto con los empresarios.