Benjamín Salazar, fue detenido por la Policía Federal luego de estar prófugo y en rebeldía con la Justicia, fue imputado por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. La jueza de Garantías ordenó que cumpla dos meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por distribuir ese contenido en grupos de Whatsapp y Telegram.
La audiencia se realizó este jueves a la mañana. Allí, la representante del Ministerio Público, la fiscal Jessica González, expuso que Salazar está vinculado a tres hechos distintos: en junio de 2024 compartió a servidores de WhatsApp dos videos con víctimas menores de 13 años; en agosto, a través en su cuenta de Telegram, facilitó el acceso a otros archivos con el mismo contenido; y finalmente, cuando fue allanado el 27 de agosto, los peritos encontraron en su celular 21 videos similares.
El sustento probatorio presentado por la fiscalía fue contundente: un reporte internacional enviado por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), el secuestro del teléfono, las pericias del Gabinete de Criminalística y un informe técnico que confirmó la edad de las víctimas. Con esos elementos, además del tiempo que se mantuvo en rebeldía, la acusación consideró que existía riesgo de fuga, ya que el imputado ya había desobedecido órdenes judiciales.
La defensa pública intentó evitar la prisión preventiva y propuso que Salazar se presentara todos los días en sede judicial. Sin embargo, la jueza rechazó esa alternativa y sostuvo que el detenido deberá seguir el proceso privado de su libertad, al menos durante los próximos dos meses.
El caso deja en evidencia la coordinación entre organismos internacionales, la Procuración General y las áreas de investigación en telecomunicaciones, que lograron reconstruir cómo se distribuían los archivos ilegales en plataformas de uso cotidiano como WhatsApp y Telegram.
