Raúl Rojas y el paraguayo Bienvenido Benítez quedaron detenidos luego de escuchar la acusación en su contra. Los dos hombres fueron detenidos el sábado, poco después del hallazgo del cuerpo de una mujer quemado en un camino rural en San Antonio Oeste. La justicia le formuló cargos por femicidio, las principales pruebas en su contra son las declaraciones de los testigos que los vieron trasladar "algo grande" en un carro y luego hacer fuego en la zona donde luego apareció el cadaver totalmente calcinado. En la audiencia no se brindó la identidad de la víctima porque la autopsia no pudo determinarlo, por el estado en el que se encontraba.
El femicidio fue detectado el pasado sábado por la tarde, cuando fue descubierto el cuerpo de una mujer absolutamente quemado, en un descampado a la vera del camino rural que conecta San Antonio Oeste con la planta de ALPAT, cerca de las vías del tren. Poco después, la Policía confirmó la detención de dos personas, que fueron trasladadas a Viedma. En tanto que ayer por la mañana, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento correpsondientes en las viviendas donde habitaban estas dos personas.
Con una cantidad importante de pruebas, el fiscal Jefe, Juan Pedro Peralta y el fiscal Guillermo Ortiz, quien lleva adelante la investigación, solicitaron la formulación de cargos por femicidio. Acusación que prosperó ante el juez de Garantías Favio Corvalán.
La declaración de los testigos: la clave de la investigación
Los testimonios de vecinos fueron determinantes para el avance de la causa y la rápida detención de los sospechosos. Según declaraciones recabadas por los investigadores, varios testigos observaron a dos hombres transportando un objeto voluminoso, cubierto, en un carrito que tiraban con una bicicleta. Luego, también, los vieron prender fuego a "algo" a la vera del camino rural que conduce a Alpat, transitado por muy poca gente. Ese mismo sitio es donde se halló el cuerpo de la víctima completamente calcinado.
Uno de los testigos, clave en la investigación, aseguró que uno de los detenidos le confesó el crimen, lo que permitió a la Policía de Río Negro actuar con rapidez y coordinar un operativo que derivó en la captura de ambos individuos. Uno de los detenidos fue encontrado portando un martillo, mientras que el otro fue aprehendido posteriormente en otro sector de la ciudad.
Durante un allanamiento en una vivienda, peritos de Criminalística junto con los investigadores secuestraron prendas de vestir y realizaron pericias con luces forenses especiales, que permiten detectar machas de sangre, incluso después de haber sido limpiadas. También se cotejó una huella de calzado encontrada en la escena del crimen con las pertenencias de los acusados.
En la acusación, los fiscales argumentaron que "en horario aún no determinado con exactitud pero ubicable entre las 0 y las 17 del pasado sábado, ejercieron violencia—presumiblemente estrangulamiento—causando la muerte de una mujer cuya identidad se desconoce hasta el momento".
El hecho se produjo en la vivienda de uno de ellos, "ubicada en el Barrio La Toma". Posteriormente, con un carrito y una bicicleta, trasladaron el cuerpo de la víctima hasta inmediaciones del barrio Mi Bandera, al costado del camino vecinal que continúa la calle sin nombre que divide ambos sectores, entre las vías y el casco urbano de San Antonio. Allí, "lo incineraron y lo dejaron tirado para luego retirarse". La calificación legal del hecho es la de femicidio, y ambos son considerados coautores.
Detenidos con prisión preventiva
En la extensa audiencia, la defensa sostuvo que "no hay un hecho que diga que ellos lo hicieron". No obstante, el juez Corvalán consideró válidos los argumentos presentados por la querella a cargo del Ministerio Público, resolvió formular los cargos.
Para el juez, "existen elementos suficientes para considerar que ambos imputados son coautores de este trágico hecho", y calificó el crimen como de "gravedad aberrante y macabra" debido a que los responsables, además de asesinar a la víctima, intentaron deshacerse del cuerpo incinerándolo. Corvalán tuvo en cuenta la posibilidad de que la pena en un eventual juicio oral alcance la prisión perpetua,por lo que ordenó que permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras se avance en la investigación hacia el juicio.